Nuevo revés al juez Manuel García-Castellón. Una jueza de L'Hospitalet dictó, el 26 de noviembre de 2019, el archivo de la investigación sobre la muerte de un ciudadano francés que estaba en el aeropuerto del Prat, coincidiendo con la primera manifestación masiva contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas catalanes. En una reciente resolución, el magistrado quería imputar esta muerte a los 12 investigados por terrorismo por haber promovido la plataforma Tsunami Democràtic, entre ellos el president en el exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria de organización de ERC, Marta Rovira.
El ciudadano francés, Jean Claude Scherzinger, fue conducido al hospital de Bellvitge, donde murió el mismo 14 de octubre por la tarde. En el informe médico se detalla que la causa de la muerte es "natural" por un "choque cardiogénico", provocado por una cardiopatía isquémica crónica". Ante este informe, la jueza del juzgado de instrucción 1 de L'Hospitalet de Llobregat, donde se derivan los casos del centro médico, decretó el archivo de la muerte.
Muerte natural
"Las actuaciones practicadas acreditan que el hecho denunciado no reviste caracteres de infracción penal, y se acuerda el archivo", dicta la jueza del juzgado de instrucción 1 de L'Hospitalet de Llobregat, en una resolución conocida este jueves, que el juez de la Audiencia Nacional solicitó incorporar a la causa de Tsunami. En el auto del 6 de noviembre pasado, el titular de la Audiencia Nacional incluso había encargado a la Guardia Civil buscar a los familiares del difunto por si querían ejercer acciones como acusación.
Los Mossos de Esquadra también informaron al titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional que no habían abierto ningún atestado para aclarar esta muerte, que ahora se reafirma que fue natural, y sin poder imputar a los supuestos impulsores de Tsunami Democràtic. Con esta muerte, el objetivo del magistrado era reforzar esta causa por el delito de terrorismo, mientras que la Fiscalía de la Audiencia Nacional insiste que los hechos solo podrían encajar en el delito de desórdenes públicos.
Judicializar la política
Las defensas de los investigados han acusado al juez García-Castellón de judicializar la política, como por ejemplo el abogado Gonzalo Boye, porque dictó la resolución con las imputaciones, justo la semana que se cerraba el acuerdo del PSOE y Junts para la investidura, y por primera vez indicaba que investigaba a Puigdemont. Todas las acciones siguientes del juez han sido polémicas: ha enviado la causa de Tsunami al Supremo sin esperar la respuesta de los recursos y ha pedido a Suiza que le diga el paradero de Marta Rovira.
Paralelamente, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional debe resolver si el juez García-Castellón actuó incorrectamente porque no aceptó tramitar su recusación, como ha denunciado el penalista Benet Salellas, en nombre de los investigados Oriol Soler y Oleguer Serra.