La nueva mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC) se empieza a poner manos a la obra amb el cúmulo de recursos que tenía atascados, cubiertos de polvo, en el cajón de las tareas pendientes. Después de resolver el lío de la renovación en un tira y afloja del Gobierno y el bloque conservador, el pleno aborda este martes el recurso de inconstitucionalidad que setenta diputados del Partido Popular presentaron contra la ley del aborto en 2010. El TC ha dado máxima prioridad a este texto y la mayoría pretende avalarlo sin condiciones aunque hay abstenciones y recusaciones que amenazan el cuórum.
El debate en el órgano de garantías arranca este martes a partir de la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, cuya elección levantó polvareda por su proximidad ideológica con el Partido Popular. La idea de Arnaldo, que lleva trabajando en el borrador desde abril, es dar por buena prácticamente toda la ley aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según fuentes jurídicas en las cuales ha tenido acceso Europa Press, la ponencia solo plantea la inconstitucionalidad del artículo 17 porque considera que no garantiza suficientemente que haya consentimiento informado por parte de la mujer de que quiere abortar. El texto redactado por Arnaldo sí que considera constitucionales el aborto terapéutico, para delimitar que el concepto de salud solo se refiere a la salud física y psíquica; y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que se dé cobertura a todos los implicados antes o después de la intervención.
La discusión de este recurso está amenazado por las recusaciones que cinco de los 71 diputados populares que firmaron el recurso de inconstitucionalidad, entre ellos el exministro Frederico Trillo. Aunque 13 años más tarde la concepción social sobre el aborto ha cambiado, los populares han recusado a cuatro magistrados del pleno: el presidente Cándido Conde-Pumpido, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, el exministro socialista Juan Carlos Campo y la escogida también por el PP Concepción Espejel. De Conde – Pumpido se quejan de que era fiscal general del Estado cuando se aprobó el anteproyecto de ley orgánica impugnado; de Campo recuerdan que era el secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011, cuando arrancó la iniciativa legislativa. Contra Montalbán y Espejel esgrimen que eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se tramitó la norma. Si los cuatro fueran apartados del debate, el Constitucional se quedaría sin los 8 magistrados necesarios para resolver el recurso satisfactoriamente. Ahora el tribunal tiene 11.
El plan de Conde-Pumpido
El recurso contra la ley del aborto es el primer hito del calendario de actuaciones que quiere poner en marcha Conde-Pumpido y que tiene que permitir dictar sentencia sobre las revisiones de mayor calado político a lo largo del 2023. Durante este año se tendrán que aprobar también la ley de eutanasia, la reforma educativa de la ley Celáa, la reforma laboral y el uso del castellano en las aulas catalanas.