Un mes de febrero repleto de juicios contra ciudadanos independentistas por haberse manifestado. La organización de la izquierda independentista, Alerta Solidaria, que lleva la defensa de bastantes vecinos encausados, ha informado de al menos cuatro juicios en Catalunya que se harán este mes contra personas por haberse manifestado por los presos políticos y por la independencia de Catalunya. La fiscalía sigue el mismo patrón de acusar casi siempre por los delitos de desórdenes públicos y de atentado contra la autoridad, y con elevadas penas de prisión para que puedan ser encarcelados. Además, Alerta Solidaria, junto con Òmnium y la ANC y el CDR de Figures ha convocado para este viernes una concentración de apoyo ante los juzgados de Figures, a las 11 de la mañana, donde han vuelto a ser citados como investigados una quincena de vecinos por los cortes de la AP-7 en el Pertús, a la altura de la Jonquera, en noviembre de 2019, convocada por Tsunami Democràtic.
Las personas citadas el viernes en el juzgado de Figueres son vecinos de Amposta, Caldes de Malavella, Campdevànol, l'Escala, Manresa, Montmeló, Navarcles, Sant Pere de Riudebitlles y Valls. El nuevo juez del juzgado de instrucción 4 de Figueres ha querido volver a citar a estas personas, que no se presentaron en las últimas citas|citaciones. La causa cuenta con 200 personas investigadas. Desde Alerta se adelanta que algunas personas citadas volverán a desobedecer la citación, aunque estaran en la concentración. Paralelamente, hay una segunda causa abierta por los cortes de la AP-7, a la altura de Salt. El juzgado de instrucción 3 de Girona mantiene viva la causa contra tres personas, pero este verano la fiscalía presentó recurso contra el archivo de 22 del total de 48 encausados. La Audiencia de Girona tiene ahora la última palabra.
Foto: Convocatoria de la concentración en Figueres
Casos
El primer juicio es mañana, jueves, en la Audiencia de Lleida por las movilizaciones de la huelga general del 21 de febrero del 2019, en la Seu d'Urgell, en solidaridad con los presos políticos. Inicialmente, había siete personas encausadas por haber cortado l'N-260, y el procedimiento, al final se dirige contra Pol Vidal, militant de Arran, La fiscalía le pide un año y seis meses de prisión por el delito de atentado contra la autoridad y pagar una multa de 10.800 euros por el delito leve de lesiones. En el escrito de acusación, la fiscal sostiene que el joven dio un puñetazo en la cabeza a un agente de los Mossos de Esquadra, cuando lo quería apartar de la protesta, sin provocarle ninguna lesión. Y, en otra acción empujó a otro agente, que se cayó al suelo, y sufrió lesiones leves, y pide que lo indemnice con 35 euros. Su abogada, Raquel Vilar, solicita su absolución.
El 8 de febrero está el juicio contra seis militantes de la formación juvenil Arran por entrar en la sede del PP de Barcelona, en un acto de protesta, el 27 marzo 2017. En el auto, el juez instructor consideró que los seis investigados "no se limitaron a expresar libremente sus reproches ante el partido, sino que pretendieron entrar en este y se mantuvieron en el vestíbulo en un claro ánimo de alterar su normal funcionamiento", lo cual constituye un presunto delito de alteración del orden público". La acusación les pide una pena de multa de 5.400 euros a cada uno.
El tercer juicio es el 9 de febrero en la Audiencia de Barcelona, donde Màximo, vecino de València d'Àneu, se enfrenta a siete años y seis meses de prisión. La fiscalía, en su escrito de acusación, indica que el 17 de octubre de 2019, hubo una nueva protesta multitudinaria contra la condena del Tribunal Supremo a los independentistas catalanes, publicada el 14 de octubre. En este caso, los manifestantes se concentraron delante la sede de la Delegación del Gobierno. El acusado indica el fiscal, empezó a insultar a los agentes de los Mossos que protegían el edificio y en un momento dado lo quisieron detener y él se resistió con fuerza, dando una patada en la rodilla de un mosso a quién hirió levemente. Por esta acción, le pide cinco años de prisión por el delito de desórdenes públicos con la agravante de disfraz porque llevaba un casco y gafas, además de ropa para cambiarse en la mochila. Y dos años y 6 meses de prisión más por el delito de atentado contra la autoridad, en concurso con un delito leve de lesiones, por el cual le pide que pague una multa de 720 euros, y al agente herido le abone 280 euros.
Alerta Solidaria también informa que el 22 de febrero el juicio por el caso "Hi érem totes", en un juzgado de lo penal de Manresa. Y en marzo el juicio en la Audiencia Nacional, en Madrid, contra el tuitero de Montbrió del Camp, Albert Baiges.