La CUP ha anunciado que su diputada Eulàlia Reguant estará presente en calidad de observadora internacional en el macrojuicio que empieza este lunes en Ankara (Turquía) contra 108 miembros del partido prokurdo HDP. ERC y EH Bildu también han enviado representantes

La Fiscalía de este país ha acusado de una veintena de delitos, entre los cuales la violación de la integridad del Estado, homicidio y pertenecer a una organización terrorista, a los 108 miembros y pide cadena perpetua para todos ellos.

Todo por unas protestas que se produjeron en el 2014 contra la actitud pasiva del gobierno turco durante el asedio que Estado Islámico hizo en la ciudad de Kobane, situada en el Kurdistán sirio. En aquellas manifestaciones murieron 37 personas por los enfrentamientos entre manifestantes kurdos y miembros de grupos proturcos islamistas.

"Esta macrocausa judicial se enmarca en la persecución por parte de Erdogan y del Estado turco del movimiento kurdo y del HDP, que acumula decenas de cargos electos encarcelados, y que tiene como objetivo avanzar hacia la ilegalización del partido", ha cargado la CUP. Hay que recordar que el HDP es el tercer partido en el Parlamento turco.

Los anticapitalistas han acusado a Turquía de "hacer uso de todas las herramientas que tiene al alcance para eliminar cualquier fuerza política y popular que busque alternativas democráticas a un régimen autoritario".

5 años de prisión preventiva

Entre los acusados se encuentran los exlíderes del HDP, Selahattin Demirtas (del cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reclamado su liberación) y Fiden Yüksedag, que se encuentran en prisión preventiva desde el 2016, y también figuras importantes del partido como Gültan Kisanak, exalcaldesa de Diyarbakir.

La Fiscalía de Ankara responsabiliza a los acusados de los disturbios desencadenados en las protestas de 2014. Según la Fiscalía, los miembros del HDP sospechosos "llamaron a la ciudadanía a salir a la calle y llevar a cabo actos terroristas".

Los abogados defensores, sin embargo, afirman que la acusación se basa en datos y presuntas pruebas infundadas, como mensajes publicados en las redes sociales y testigos anónimos.

"Es una acusación puramente interpretativa, no es legalmente aceptable. Se quiere castigar a algunas personas y también hay unos hechos que pasaron, pero no hay un vínculo entre ambas cosas", ha señalado una de las abogadas de la defensa, Ruken Gülagaci, al diario Evrensel.

Turquía, cada vez más lejos de Occidente

El Parlamento Europeo condenó el martes pasado, en un comunicado, este proceso judicial por considerar "inaceptable" que se responsabilice a funcionarios electos de lo que sucedió en un "acontecimiento cuya investigación se está obstaculizando activamente".

Además, este proceso judicial empieza pocas horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconociera por primera vez el genocidio que cometió el Imperio Otomano contra la población armenia en 1915.

 

Imagen principal: activistas del partido prokurdo HDP / @cupnacional