El equipo de observadores internacionales de International Trial Watch que asiste al juicio al procés ha presentado sus valoraciones en la 17ª semana de juicio. En este comunicado de prensa carga duramente contra la Fiscalía por su "concepción poco democrática con respecto al ejercicio de los derechos fundamentales" (en especial del derecho de reunión y manifestación, de la libertad de expresión y del libre ejercicio de cargo público). Los juristas afirman que este tipo de argumentos "pueden ser precursoras del efecto disuasorio del ejercicio de derechos". Apelan a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que denuncia la necesidad de prestar atención al defender el ejercicio de derechos fundamentales, "vertebradores de los sistemas democráticos".

En este sentido, los observadores critican que la Fiscalía argumentara la existencia de un alzamiento violento liderado por los acusados, en ausencia de episodios violentos relevantes (comparándolo incluso con el 23-F).

Por otra parte, los observadores denuncian que la Fiscalía responsabilice a los acusados de la existencia de 1.093 heridos (reconociendo por primera vez que hubo 1.000 ciudadanos heridos). Apuntan que no sen puede imputar a los acusados los heridos generados por el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas del orden, porque rompe "con el principio de individualización de las conductas penalmente relevantes".

El equipo de ITW también carga contra el presidente de la sala. Denuncian que la falta de tiempo para el informe final de las defensas supone una vulneración de los derechos de defensa de los acusados. Argumentan que no se puede otorgar solo una hora de tiempo a las defensas para contrarrestar las acusaciones, ya que durante el juicio se han aportado 422 testigos y 16 peritos, además de mucha documentación. Se alega, además, que los acusados no tendrán derecho a una segunda instancia y que por lo tanto se tendría que reforzar su derecho a defensa.

Esta semana el equipo de los observadores internacionales estaba integrado por Luisa Morgantini, ex vice presidenta del Parlamento Europeo y exmiembro del Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en Italia; Claudio Paterniti, investigador de la Asociación Antigone ONLUS de Italia y Hans Lagenberg y Dundar Gurses, miembros de Fair Trial Watch (Holanda).