Un instituto de investigación del Quebec sobre autodeterminación de los pueblos (IRAI) ha denunciado que las numerosas irregularidades registradas en el proceso contra los líderes independentistas en el Supremo sugieren que el juicio se ha montado como un entramado de "represalias del Estado español para reprimir el movimiento de autodeterminación de Catalunya".

El informe de este grupo de expertos denuncia las violaciones de derechos fundamentales de los doce acusados al procés por el 1-O, "especialmente con respecto a la garantía contra la detención arbitraria, el derecho a un juicio justo, el derecho a una defensa plena y completa, el derecho a la apelación y los derechos lingüísticos".

El IRAI denuncia todas estas violaciones de los derechos individuales de los acusados pero también lo que interpreta como un objetivo de "represión del pueblo catalán" y expresa la preocupación ante de un proceso criminal que "parece estar instrumentalizado por objetivo políticos".

Por esta razón, el Instituto tiene intención de mantener el seguimiento al procedimiento contra los 12 líderes independentistas catalanes así como los casos abiertos contra el resto de representantes del Govern encausados a raíz del referéndum.

El IRAI ha hecho llegar su informe al gobierno y las Cortes españolas, el gobierno y el Parlamento catalanes, pero también al Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, además del gobierno y el Parlamento del Canadá y el gobierno y la Asamblea del Quebec.

Los observadores del Quebec aseguran que con su informe quieren dar a conocer el procedimiento que se sigue contra los independentistas más allá de las fronteras españolas, pero también sensibilizar al público sobre "potenciales derivas que se podrían producir".

Los autores del informe han hecho su trabajo a partir de la asistencia el mes de abril a la sala donde se celebraba el juicio en el Tribunal Supremo y a través de informaciones recogidas de primera mano además de datos publicados.

El trabajo hace repaso de los antecedentes del referéndum y la celebración de la votación el 1-O, antes de exponer las acusaciones contra los líderes independentistas. A partir de aquí, recoge una descripción detallada de las acusaciones que se imputan a los acusados, las penas que se piden, las condiciones en que se ha hecho su detención, y los traslados diarios al Supremo para seguir las sesiones del juicio, así como las denuncias de Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura y el Grupo de Naciones Unidas contra detenciones arbitrarias.

El informe recuerda con especial preocupación que el Tribunal rechazó aceptar la presencia de observadores internacionales, incluido Amnistía Internacional, argumentando que la emisión en directo del juicio lo hacía innecesario. "Los observadores internacionales no son bienvenidos ante el Tribunal Supremo español", denuncia el texto que explica que los observadores que querían seguir el juicio desde la sala tenían que hacer una carrera contra el reloj para conseguir un asiento ante el tribunal donde se seguía la ley del que "quién primero llega, primero se sienta".

El documento, que señala esperas de pie en la calle desde las 6 de la mañana para conseguir un sitio para la sesión que empezaba a las 10h, denuncia la antipatía manifiesta de los policías encargados de controlar el acceso de un público mayoritariamente catalán. Detalla la ralentización ostensible de los procedimientos de seguridad, hasta el punto de impedir llegar a la hora para poder entrar en la sala, el acceso a la cual quedaba prohibido una vez empezaba la sesión.

Asimismo, el documento argumenta su denuncia sobre la violaciones que han sufrido los acusados en derechos fundamentales como son la garantía contra la detención arbitraria, el derecho a un juicio justo -de la cual responsabiliza directamente al presidente del Tribunal, Manuel Marchena, el derecho a una defensa plena y completa, el derecho a la apelación, y los derechos lingüísticos.

Este es el segundo informe de la misión de observación del procés contra los líderes independentistas que elabora el IRAI y se cerró el mes de julio. Ha sido elaborado por tres juristas, el presidente y la vicepresidenta de la entidad, Daniel Turp i Stéfanie Tougas, además del abogado y secretario de la entidad, Anthony Beauséjour.