Un grupo de observadores internacionales del juicio del 1-O lamenta en su informe el rechazo del Tribunal Supremo y del Estado español de escuchar a las recomendaciones del grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que ya ha emitido dos informes reclamando la libertad de los presos independentistas.

En sus conclusiones sobre la misión de observación al juicio del 1-O, los expertos del Instituto de Investigación sobre la Autodeterminación de los Pueblos y las Independencias Nacionales (IRAI) se muestran "inquietos" porque el Supremo "se permita rechazar las conclusiones de hecho y derecho de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas como si se tratara de una vulgar insolencia". Según los observadores, que el TS desestime considerar el informe del grupo de trabajo "demuestra un desconocimiento de los principios del derecho internacional".

En sus conclusiones sobre el juicio del 1-O, los expertos del IRAI concluyen que "se violaron varios derechos fundamentales" de los acusados.

En este sentido, citan que se vulneró la garantía contra la detención arbitraria, el derecho a un juicio justo, el derecho a la defensa, el derecho a recurso y los derechos lingüísticos de los líderes encausados. Además, los expertos "deploran la ausencia de reconocimiento al status de observadores internacionales".

Entre otros ejemplos, aseguran que hay jurisprudencia de otras instancias internacionales que apuntan que "impedir la confrontación de varios elementos de prueba constituye una violación en el derecho a la defensa llena". Se refieren, en concreto a la imposibilidad de las defensas de enseñar vídeos durante los testimonios de los agentes de policía españoles-

Para los expertos, la supuesta "ganancia de tiempo y eficiencia" fue "marginal, casi inexistente", de manera que se tendría que haber permitido incluir los vídeos durante los interrogatorios.

"En el contexto político e histórico reciente, las numerosas irregularidades sugieren que el proceso contra los 12 líderes independentistas catalanes podría ser parte de un conjunto de medidas represoras del Estado español contra el movimiento para la autodeterminación de Catalunya", dicen los observadores.

En concreto, los expertos expresan su "preocupación delante de un proceso criminal que parece instrumentalizado con objetivos políticos".

El informe de la misión de observadores lo firman tres expertos internacionales en derecho, Anthony Beauséjour, Stéfanie Tougas y Daniel Turp, que fueron, a Madrid el mes de abril para seguir el juicio, y que exponen que también colaboraron con los participantes en el International Trial Watch (ITW).

El texto lo enviarán al Gobierno y al Congreso de los Diputados, al Govern y Parlament de Catalunya, y a las principales organizaciones de la sociedad civil catalana, así como también al Consejo Europeo, la Comisión Europea y la Eurocámara. Además, y considerando el origen de los firmantes, también se enviará al gobierno y al parlamento del Canadá y a la Asamblea nacional del Quebec y al ejecutivo.