La Fiscalía obstaculiza que se aplique la amnistía a la treintena de excargos del Govern investigados por el 1-O de forma inmediata. El objetivo es evitar problemas procesales futuros, aclaran fuentes jurídicas, y por ahora no se cuestiona la aplicación de la norma del olvido penal. En concreto, la Fiscalía ha presentado un recurso contra la resolución de la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que envía el sumario de la treintena de excàrgos, funcionarios y empresarios, acusados de organizar, el 1-O, a la Audiencia de Barcelona para que resuelva si les tiene que conceder la extinción de toda responsabilidad penal y civil. Las dos fiscales del caso, Isabel Nevot y Teresa Duerto, han recordado a la magistrada Alejandra Gil, que antes de elevar la causa al tribunal superior tiene que dictar la resolución de ampliación del procesamiento y la conclusión del sumario, y tiene que citar en el juzgado a la decena de cargos investigados en el gasto exterior para informarlos de su procesamiento. El caso del gasto exterior fue investigado inicialmente por la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, y finalmente se unificó a la causa del juzgado 13, a petición del exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, y del exsecretario de Asuntos Exteriores, Aleix Villatoro, al ser investigados en los dos juzgados por hechos "conexos".
En el escrito, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, este miércoles, las fiscales indican que si la magistrada no lo corrige, piden que lo haga la Audiencia de Barcelona. Y es que si no se cierra correctamente una instrucción, y en este caso un sumario, defensas y acusaciones pueden plantear recursos procesales posteriores y que afecten la validez de la amnistía. Por todo ello, la aplicación de la amnistía tardará unas semanas más en que se pueda aplicar en este procedimiento donde hay más excargos el Govern afectados.
¿La malversación serà amnistiada?
Con respecto a la aplicación de la amnistía, fuentes de ERC sostienen que, a pesar de la contundencia de las resoluciones del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación a los líderes del 1-O, hay margen para defender la amnistía a los mandos del Govern acusados de malversación. En este sentido, la Fiscalía ha pedido la amnistía para los cargos de ERC, Josep María Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, acusados de los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia por el 1-O. En el caso de los investigados del juzgado de instrucción 13 podían tener peticiones de penas muy elevadas porque a algunos de ellos, además de la malversación, también se les imputa el delito de falsedad documental.
Dos causas unificadas
Inicialmente, la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona envió a juicio 27 excargos del Govern y empresarios por la organización del Referéndum a la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que los tenía que juzgar. El final del sumario quedó bloqueado por los recursos de las defensas y al unificarse la causa de Exteriores. Y ahora la magistrada tiene que hacer una nueva resolución de procesamientos y citar a los 10 investigados, trámite que se denomina indagatoria, donde la jueza comunica a cada persona los delitos que se le imputa y si quiere añadir alguna cosa más, y dictarla conclusión del sumario.
La Fiscalía acusaba la decena de excargos por haber otorgado subvenciones y encargar estudios sin concurso y con la finalidad de promover la independencia de Catalunya, que suman cerca de un millón de euros entre el 2012 y el 2017, y que son aparte de los 3,2 millones de euros que se reclama en el Tribunal de Cuentas, mientras la consejera del procedimiento del 1-O cuestiona la amnistía.
El exconseller Romeva y excargos de Mas
Entre los investigados que ahora tendrían que ser citados a en el juzgado está el exconseller Raül Romeva, ya condenado por el 1-O y ahora procesado porque concedió con Villatoro una única subvención de 40.000 euros a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) el año 2016. El resto de encausados son del gobierno de Artur Mas: Roger Albinyana, exsecretario de la SAEUE; Víctor Cullell, exdirector de Análisis de Presidencia; Rosal Clavel, secretaria del Diplocat; Gerard Martí Figueras, exsecretario general de Deportes; Manuel José Vila, exdirector general de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, y Antoni Reig, exdirector del Consejo Catalán de Deportes, y Teresa Prohías, directora de Serveis, además de Villatoro y Rollo.