Que hoy en día la información corre que se las pela, lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que de tan rápido como va fabrica postverdades a la velocidad de la luz. La frontera entre la verdad y la mentira, la realidad y la ficción, cada vez es más delgada. El caso de la Operación Pika, lo prueba. Pasen y vean/lean.

A usted no lo han detenido, no es del todo cierto; o es poco cierto. Eso que usted está leyendo en los digitales de la cuerda, de la cuerda de la Moncloa, es decir, que usted es un amigo de Artur Mas o alguien de su entorno y que lo acaban de detener por aquello del 3% de la antigua Convergència, todavía no se ha producido, pero el caso es que a usted ya lo han detenido. Bien, no exactamente. Pero es que, además, lo que aún es más preocupante, tampoco se sabe muy a ciencia cierta quién ha ordenado "detenerlo".

De hecho, a usted lo que le ha pasado o le puede pasar es, más bien, que, de entrada, lo han "retenido" mientras unos señores de la Guardia Civil, que efectivamente se han presentado en su casa o en su despacho, le revuelven los cajones durante horas y horas y horas. Pero el caso, es que usted ha continuado "detenido" y no se sabe exactamente por orden de quién: ¿la Guardia Civil? ¿El juez? ¿El fiscal?

Eso es lo que ha sucedido -porque pasar, ha pasado- esta mañana a raíz de la Operación Pika contra la presunta financiación irregular de CDC, durante la que han sido retenidos/detenidos durante muchas horas sin que se supiera exactamente por orden de quién y antes de que, en la práctica, se les "detuviera", el presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra, el ex secretario de organización de CDC, Francesc Sànchez, y el ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives.

Unos titulan, otros "detienen"

Aún no eran las 9 y media de la mañana que al menos dos periódicos digitales, ABC y El Español, a los que se ha añadido rápidamente El Mundo, habían publicado la noticia prácticamente en paralelo, ya los daban por "detenidos", con gran despliegue tipográfico, y, sobre todo, hacían saber que se trataba de personas muy próximas al expresident de la Generalitat Artur Mas.

Nada que ver con el hecho de que Artur Mas -al igual que Joana Ortega y Irene Rigau- declarará el lunes en el TSJC en el inicio de la vista oral por el juicio del 9-N, o sea de la "no-consulta" o "consulta de costellada" (y, por ello, sin que se sepa tampoco exactamente por qué se le procesa).

Estos eran los titulares: "Dos convergentes próximos a Artur Mas entre los nuevos detenidos por la trama del 3%" (ABC, 09:19); "Detienen a miembros de CDC próximos a Mas y al presidente del Puerto de Barcelona" (El Español, 09:23) -després se aclara en otras piezas que Sixte Cambra también es amigo muy amigo de Mas-; "Detenidos altos cargos de la Convergencia de Mas en una operación contra el 3%" y "Los detenidos: 'Fontaneros' de CDC y cercanos a Artur Mas' (El Mundo, durante la mañana)".

 

Las coincidencias entre el relieve policial y mediático que se ha dado a la proximidad de los detenidos al expresident y la inminencia del inicio del juicio por la consulta son tales que uno de los abogados del juicio del 9-N, Rafael Entrena, que asiste a la exvicepresidenta Joana Ortega, representa también a Antoni Vives, uno de los "detenidos" en la Operación Pika. "Yo no creo en las casualidades, Yo tendría que estar preparando otro juicio", se ha lamentado. Que la Operación Pika se lleve a cabo a menos de 24 horas después de que trascendiera la ya llamada Operación Precinto, agitada por la Moncloa como espantajo para para el referéndum, debe ser también pura coincidencia. Y, de hecho, no se habían producido movimientos judiciales sobre el asunto del 3% desde octubre del 2015, cuando se llevaron a cabo, por orden del juez de El Vendrell, las últimas detenciones de la Operación Petrus, a la cual, según parece, da continuidad la Operación Pika.

¿Guardia civil, juez o fiscal?

Una vez ha trascendido que efectivamente se estaban realizando los registros, y lejos de aclararse la situación, las dudas se han multiplicado. ¿Los "detenidos" estaban efectivamente "detenidos"? ¿O técnicamente, sólo se podía hablar de "retenciones", mientras se llevaban a término los registros por parte de la Guardia Civil y no eran verdaderamente "detenidos", si es que lo tenían que ser? ¿O sólo estaban "custodiados" mientras los agentes hacían su trabajo? El caso es que la "posverdad" ha impuesto una vez más su ley, y, en medio de la confusión, ha imperado -también en las televisiones- el "detenidos", "detenidos los amigos de Mas". Así ha reflejado la cuestión Jordi Basté en Twitter:

También hemos sabido de buena mañana que las detenciones "previstas" (¿o eran las "retenciones" o las "custodias"?) eran una veintena. Aunque seguíamos sin saber exactamente quién las había ordenado. En un alarde de clarividencia que la realidad casi ha confirmado al 100% muchas y muchas horas después, así lo ha hecho saber El Confidencial. También el diario El Mundo ha afinado y confirmado posteriormente el singular -y sospechosamente preciso- vaticinio en su edición digital:

 

El caso es que -la "posverdad" siempre gana en la confusión- había "detenidos" (en realidad "retenidos" o ·custodiados"), pero faltaba un pequeño detalle que nadie parecía haber tenido en cuenta: ¿quién había ordenado las "detenciones"? El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tuvo que emitir un comunicado según el cual, en los 12 registros en total que se estaban realizando por el caso del 3% el juez no había ordenado ninguna detención. Una vez más, este dato avalaba las sospechas que se tratara de una nueva operación mediático-policial para salpicar el proceso soberanista o sus líderes, como es el caso de Mas, con la sombra de la corrupción. La sospecha emergió enseguida en las redes sociales.

Hacia las tres y media de la tarde, hora peninsular se aclaraba el misterio (presuntamente): "La Guardia Civil ha procedido hoy a realizar dieciocho detenciones ordenadas por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, así como veinticuatro entradas y registros". Así empezaba la nota de cinco páginas, fechada en Madrid a 2 de febrero de 2017, y enviada a los medios con el membrete de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

En la nota de la Fiscalía volvía a aparecer un juez, mejor dicho un juzgado, el número 1 de El Vendrell, en el cual se sustanciaron las diligencias previas de la operación contra la presunta financiación irregular de CDC. Pero quedaba claro, o al menos así había que deducirlo, de que ayer era el fiscal anticorrupción quien había ordenado las "detenciones". Se confirmaba, además, que los "retenidos" o "custodiados", quedaban finalmente "detenidos". En tiempo de posverdades, es siempre la realidad que se ajusta a los titulares matinales, y no al revés. Y al final, efectivamente, han sido 18 los detenidos. ¿Verdad que sí?