Ofensiva de la ultraderecha contra las leyes del Parlament. El portavoz de Vox, Joan Garriga, ha informado este miércoles que su formación recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley catalana antidesahucios, de que ya se aprobó a finales de febrero de este año con una amplia mayoría. De hecho, en aquella ocasión el impulso de esta normativa ya sirvió para superar un veto del TC, que había tumbado una ley anterior del 2019 que obligaba a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda. De esta manera, el partido ultra podría conseguir hacer caer una normativa con un amplio apoyo político del Parlament gracias a los tribunales.
Garriga ha afirmado que quieren recurrir la ley porque consideran que genera desigualdad entre los españoles, ya que "discrimina" a unos propietarios, mientras que no afecta a otros. Además, consideran que tener que ofrecer alquiler social es "contrario a la autonomía y al derecho de la libertad de empresa". Según la formación ultra, la regulación de la ley catalana vulnera competencias estatales exclusivas, y convierte la propiedad privada en un "derecho debilitado" en Catalunya.
La ley establece la consideración de viviendas vacías para aquellas que han estado desocupados de manera permanente e injustificada durante más de dos años, y prevé la expropiación forzosa por incumplimiento de su función social. También establece la consideración de grandes tenedores para los propietarios de más de diez viviendas y crea un registro, y dispone que los contratos de alquiler social se tienen que renovar obligatoriamente si sus ocupantes continúan dentro de los parámetros de exclusión residencial y la obligación de ofrecer alquileres sociales antes de interponer una demanda judicial por deudas hipotecarias u otras demandas de desahucio. Además, amplía la duración mínima de estos contratos.
¿Segundo veto del TC?
ERC, Junts, CUP y Comuns -con la celebración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)- llegaron a un acuerdo para elaborar una nueva ley catalana antidesahucios y superar así el veto que el Tribunal Constitucional declaró contra la primera norma. Así, acordaron un borrador para una nueva ley de emergencia habitacional, que tenía que sustituir el decreto catalán de vivienda anulada hace un año. El alto tribunal tumbó el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, impulsada en el 2019 por el Gobierno, que obligaba a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda.
El Parlament acabó aprobando el 23 de febrero de este año, por una amplia mayoría, la nueva ley antidesahucios que tan largamente habían reivindicado las plataformas por la vivienda. La normativa, que recibió el apoyo de los tres partidos independentistas y de los Comuns y el PSC. La medida consiguió el apoyo de 110 votos a favor, y ya antes de que la presidenta del Parlament anunciara el resultado definitivo un grupo de activistas de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) que habían sido invitados a la Cámara empezaron a aplaudir con insistencia.