Lo que empezó con un sindicato de la policía española ahora ya involucra más de una decena de organizaciones policiales, el unionismo en el Parlamento y el mismo Gobierno. Todos acusan al Govern de la Generalitat de marginar a los agentes en Catalunya del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en el procés|proceso de vacunación.
De hecho, la misma ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció ayer que el Ejecutivo español asumiría la vacunación de los agentes españoles en Catalunya. Darias apuntó que Catalunya era la única comunidad autónoma donde se había producido esta situación y tildó de "fracaso" la gestión del Govern en este aspecto. "Lo he pedido de todas las maneras posibles y no lo he conseguido y creo que no se puede esperar más", dijo.
Darias respondió de esta manera a las quejas que desde hacía semanas lanzaban sindicatos de la policía española y la Guardia Civil, que llevaban semanas acusando a la Generalitat de dejar atrás sus agentes. Según estos sindicatos, en el resto del Estado se ha inoculado la primera dosis además del 76% de los agentes, mientras que en Catalunya a duras penas se ha hecho con el 15% aunque la estrategia de vacunación les dio prioridad como personal esencial. Desde la delegación del Gobierno en Catalunya apuntan a ElNacional.cat que el último dato que tienen es que sólo el 10% de los agentes en Catalunya han sido vacunados.
¿Es igual la cifra de Mossos vacunados? No. Desde el Sindicato Autónomo de la Policía (SAP) aseguran a este diario que el total de agentes vacunados con la primera dosis llega a los 13.200, cifra considerablemente superior a la de los cuerpos españoles en Catalunya, teniendo en cuenta que el total de efectivos de la policía catalana se aproxima a los 17.000.
La defensa del Govern
Desde el Govern y más concretamente desde el Departamento de Salut han trasladado la culpa del retraso al mismo Gobierno. En una rueda de prensa celebrada ayer, el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, aseguró que la Moncloa había tardado en "entregar la información" para empezar la vacunación en estos dos cuerpos.
Argimon también recordó que todos los problemas derivados de la vacuna de AstraZeneca habían afectado a la inmunización de "todos los cuerpos esenciales". "Nosotros nunca discriminaremos ni por ideología, ni por género, ni por religión", añadió.
La ofensiva del unionismo
La cuestión ha despertado también los partidos unionistas del Parlament. El PSC, Vox y Ciudadanos ya han registrado preguntas al Govern sobre este tema. Los socialistas han acusado al Ejecutivo de no incluir los agentes españoles en el grupo de trabajadores esenciales y ha preguntado cuándo se les vacunará. En este sentido, han recordado que la Agencia Europea del Medicamento ya ha dado luz verde a la vacuna de Janssen y ha apremiado a reanudar la inmunización de los agentes.
Vox, por su parte, ha acusado al Govern de ofrecer un "trato degradante y malicioso" a los cuerpos policiales españoles. También ha criticado la "paralización" del Ministerio de Sanidad en este aspecto. "Esta situación que sufren los miembros del CNP y la Guardia Civil destinada en Catalunya constituye una clara discriminación respecto de los cuerpos policiales autonómicos, así como un atentado contra el principio de igualdad, reconocido en la Constitución", han denunciado.
Así pues, el partido de extrema derecha ha instado a Salut a "proceder inmediatamente y con carácter urgente a la vacunación de todos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" destinados en Catalunya. También han pedido que sean vacunados "en igualdad de condiciones" que los Mossos.
El presidente del grupo de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha calificado discriminatorio que el Gobierno vacune a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Catalunya por la "omisión" de la Generalitat. En una atención a los medios, Carrizosa ha apuntado que es "indignante" que las autoridades catalanas no hayan vacunado con la misma intensidad a los agentes de los Mossos y los de la policía española.
Por eso, ha anunciado que el partido pedirá explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez para saber por qué "institucionalizan el incumplimiento de la ley" por parte de la Generalitat y pedirá asumir responsabilidades por "la omisión" del Govern. Carrizosa no ha descartado emprender acciones judiciales.