Dos querellas contra Pedro Sánchez. Al día siguiente de que el presidente del Gobierno presentara una querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado y se negara a declarar en la investigación a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción privada, Vox y Hazte Oír han vuelto a la carga. La formación de extrema derecha se ha querellado contra Sánchez, contra el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y contra el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez, porque considera que el presidente español “sigue prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal”. El partido de Santiago Abascal considera que la querella contra Peinado es uno “nuevo atropello y un intento de someter a la justicia”. Por su parte, el sindicato ultra ha interpuesto una querella contra Sánchez por malversación y está preparando una “nueva medida” en relación con la investigación sobre Begoña Gómez.
Hazte Oír denuncia una “confusión interesada” de las funciones de presidente del Gobierno
Hazte Oír acusa a Sánchez de malversación impropia por “haber utilizado la Abogacía del Estado para la defensa de intereses estrictamente particulares” a través de la querella contra el juez Peinado, “con el gasto consecuente para el erario público”. El escrito, de dieciséis páginas, sostiene que presentar una querella valiéndose de la Abogacía del Estado es una “clara confusión interesada de sus funciones como presidente del Gobierno, y sus obligaciones de colaborar con la justicia como un ciudadano más” y supone un “claro ataque contra la independencia judicial” y un “burdo intento de coaccionar o castigar a un juez que no se ha doblado a voluntad”. Justo esta mañana, Sánchez ha defendido la querella ante el “atropello” a sus derechos y el “montaje patético” de su declaración.
“Si existiera cualquier tipo de agravio indebido e injusto derivado de la actuación judicial, el cierto es que el afectado sería Pedro Sánchez como ciudadano particular, y no la Presidencia del Gobierno como institución pública” y “podría potencialmente alegarse” que es Sánchez “a título particular quien se ha visto ofendido o afrontado por lo que ha pasado”, señala el escrito. Y lamenta que el presidente español “haya puesto en marcha la maquinaria del Estado y todos los recursos de las instituciones públicas” para “atacar” a un “juez que no se dobla a su voluntad”. “No es lícito que instrumentalice instituciones del Estado para defender intereses puramente particulares, esta actuación se enmarca en el contexto de una creciente injerencia de Sánchez en las diferentes instituciones del Estado, llevando a cabo conductas que parecen traducirse a la frase «El gobierno soy yo». La realidad es bien diferente, las instituciones y los fondos públicos quedan sujetos a los fines de utilidad pública en que les son propios, y no al servicio de intereses y caprichos puramente particulares”, remacha el escrito.
Hazte Oír reconoce que no puede cuantificar “de manera exacta” el coste público de los servicios que ha utilizado Sánchez y pide que se practiquen las diligencias de investigación “oportunas”. Eso sí, considera “evidente” que “la preparación, la redacción y la presentación de una querella de 35 páginas tiene un coste personal relevante para la Abogacía del Estado”, cosa por la que el sindicato ultra pide “acceder al informe que autoriza el ejercicio de la acción penal en este caso y la justificación expuesta”. Además, reclama que se cite Pedro Sánchez en calidad de investigado y se cite a declarar a David Vilas (abogado general del Estado), a la abogada del Estado que firmó la querella y al ministro Félix Bolaños como testigos. Vox también ha pedido al Congreso la documentación “previa y necesaria” relativa a la autorización expresa para la interposición de la querella y “todos los otros informes y documentos que formen parte de dicho procedimiento”.