El españolismo continua en la vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite un recurso de la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe —contraria a la inmersión lingüística y que ha liderado la ofensiva para conseguir el 25% de castellano en las aulas— contra el decreto que aprobó el Govern precisamente con el objetivo de blindar el catalán en las aulas. Con este paso, la máxima autoridad judicial en Catalunya podría acabar decretando la suspensión de la medida legislativa. El recurso de la entidad españolista asegura que el decreto vulnera el derecho a la no discriminación y al derecho a la educación, y alega que el Govern no tiene competencias para aprobar esta normativa. Como medida cautelar, también ha pedido suspender la vigencia del Decreto del régimen lingüístico del sistema educativo de Catalunya, que empezó a funcionar este pasado miércoles.
El texto legislativo quedó aprobado por el Govern en funciones el 14 de mayo. De esta manera, se buscaba fortalecer la lengua enfrente de los ataques previos del sistema judicial para imponer el 25% de castellano en las aulas. Así, se establece el catalán como lengua "normalmente utilizada como vehicular" y de aprendizaje del sistema educativo y en la acogida de los alumnos recién llegados —y el aranés para los centros de Arán. También lo es en las actividades educativas, incluidas las extraescolares, así como las comunicaciones internas de los centros y en la proyección externa y de relación con el resto de la comunidad educativa. De esta manera se quería dar una "mayor seguridad jurídica" en los centros, ya que será el Departamento de Educación quien validará el proyecto de cada centro y quien "asumirá la responsabilidad" sobre la legalidad en todos los casos, y no las direcciones de los centros.
Hay referencias a la polémica inclusión del castellano como lengua de enseñanza. Así, obviamente se indicaba que las asignaturas de lengua castellana se tienen que impartir en castellano, pero también se abre la puerta para que el proyecto lingüístico de cada centro pueda prever "el uso curricular y educativo del castellano para algunos contenidos específicos y actividades". Ahora bien, eso se ha hecho con la intención de esquivar una posible ofensiva judicial para eliminar esta lengua del sistema educativo, y en todo caso la normativa destaca que la presencia del castellano dependerá "de los indicadores de consecución de la competencia lingüística, la evolución de los aprendizajes y el dominio de los diversos registros lingüísticos por parte del alumnado, la situación sociolingüística general y la de su centro y su entorno".
El nivel de C2 de catalán, obligatorio
Más allá de la lengua vehicular, uno de los puntos más destacables hace referencia al nivel de catalán que tienen los docentes. Así, si hasta ahora se había advertido durante años que se requeriría a los profesores tener el nivel más alto de lengua, este aviso se hace ahora realidad: la normativa establece que los nuevos docentes que se incorporen al sistema educativo catalán tendrán como "requisito" tener validado el nivel C2 de catalán a partir del curso 2025-2026. Este será un elemento obligatorio para todos los maestros de los centros de enseñanza no universitario, y el nivel de C2 tendrá que ser oral y escrito —también del aranés en Arán. Además, en otro apartado, se informa de que el requisito de lengua también afectará a los docentes que ya están dentro del sistema: a partir del curso 2027-2028, el C2 también se exigirá para aquellos que quieran optar a promociones o cambiar de puesto de trabajo.
En la misma línea, el decreto que aprobó el Govern prohíbe a los profesores y al personal educativo de cada escuela e instituto cambiar de lengua de docencia a lo largo de curso, como se había denunciado que pasaba en algunos casos hasta ahora. Para hacerlo, se declara que los proyectos lingüísticos de los centros tendrán que explicitar cuál será la lengua de enseñanza, y que este proyecto no se podrá cambiar una vez iniciado el curso.