Nueva ofensiva judicial contra la lengua, ahora contra tuiteros. La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación citará a declarar cerca de una cincuentena de personas que publicaron mensajes en Twitter en qué se mostraban críticos con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que impone el 25% de clases en castellano a las escuelas catalanas. De esta manera, el sistema judicial continúa en el camino de la cruzada contra la lengua catalana, según informa la Plataforma per la Llengua. De momento, seis ya han sido citadas, según Europa Press.
De hecho, algunas de estas personas citadas por la Fiscalía ya han declarado por "difusión del discurso de odio" y "contra la integridad moral". La Plataforma per la Llengua, que tan crítica ha sido con la imposición del 25%, ahora sale a la defensa de los tuiteros perseguidos. Así, la entidad ha informado de que está ofreciendo asesoramiento jurídico a una de las víctimas, y ya ha ofrecido la posibilidad de hacer extensiva esta ayuda al resto de afectados.
"Con estos procedimientos se quiere atacar la legitimidad de las políticas lingüísticas catalanas con la criminalización de sus defensores y la contaminación de la opinión pública en este sentido", dice la nota de la plataforma lingüística. Además, remarcan que el órgano judicial "nunca ha iniciado ningún procedimiento" contra aquellas personas que promueven el odio y la violencia contra los catalanes y la lengua en las redes sociales, pero, en cambio, ahora lo hacen contra los defensores de la inmersión lingüística. "La doble vara de medir indica claramente que detrás de estas actuaciones hay motivaciones políticas", afirman.
Vox y compañía, detrás
La investigación por parte de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación arrancó hace pocos meses, en diciembre, a raíz del anuncio de la sentencia del 25%, que generó reacciones en la popular red social. Detrás, hay el partido Vox y otras organizaciones partidarias de acabar con la inmersión lingüística, como el Movimiento contra la Intolerancia y Asamblea por una Escuela Bilingüe, que denunciaron estos comentarios.
Su implicación no es muy sorprendente, y es que desde el primer momento la ultraderecha ha mostrado su apoyo a la resolución. Vox ya pidió la suspensión de la autonomía catalana muy pronto, después de que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, pidiera a los profesores no acatar la sentencia. Asamblea por una Escuela Bilingüe también ha mostrado ya esta deriva, instalando numerosas carpas por todo el país con el fin de intentar recoger firmas.
La justicia, contra la inmersión
A finales de noviembre, el Tribunal Supremo ya anunció que no admitía a trámite el recurso de casación presentado por el Govern de la Generalitat contra la sentencia del TSJC que obligaba a impartir un 25% de horas lectivas en castellano. Uno de los primeros centros afectados fue la escuela Colina del Dragón de Canet de Mar (en el Maresme), donde una clase de P5 del centro se vio obligada a impartir una cuarta parte de las asignaturas en castellano porque una familia lo había solicitado. Pronto, madres y padres de la escuela presentaron un manifiesto dirigido al Departamento de Educación reclamando blindar la inmersión lingüística, un reclamo que también se hizo efectivo en las redes sociales.