El futuro del catalán es motivo de preocupación en Catalunya, después de la encuesta de la Generalitat que se hizo pública este miércoles sobre la caída del uso de esta lengua en los últimos veinte años y que constata que solo el 32,2% de los ciudadanos utilizan habitualmente el catalán para comunicarse. La situación del catalán en la Catalunya Nord, sin embargo, es todavía mucho más dramática, con una caída del uso del catalán entre la población de la zona, y con el grito de auxilio que el pasado mes de enero lanzó La Bressola, la red de escuelas inmersivas en lengua catalana de la Catalunya Nord, que atraviesa una situación económica límite. Junts per Catalunya ha pedido al Gobierno ayudas económicas para salvar la red de escuelas y que utilice "mecanismos de mediación" para "defender los hechos lingüísticos de la Catalunya Nord", según consta en una batería de preguntas escritas dirigidas al ejecutivo de Pedro Sánchez que Junts ha presentado en el Congreso.
"El gobierno debe mover ficha"
El partido que preside Carles Puigdemont ha iniciado esta ofensiva para pedir más ayudas económicas para la enseñanza del catalán en Francia a fin de poder salvar proyectos como La Bressola, que tiene un papel "fundamental" en la preservación y normalización de la lengua catalana en una región donde el idioma ha sido "históricamente minorizado". El senador de Junts, Francesc Ten, afirma que "hace falta que el Estado español mueva ficha y atienda urgentemente el grito de auxilio de la Bressola para evitar su colapso financiero, después de cincuenta años desde su creación, y que se vea obligada a cerrar". En una nota de prensa difundida por el partido independentista, Ten añade que "es necesario actuar ya para no poner en peligro los derechos lingüísticos de los habitantes de la Catalunya Nord", afirma el senador, defendiendo el modelo educativo de la red de escuelas, que actualmente cuenta con cerca de los 1.100 alumnos que aprenden en catalán, e integra a 750 familias.
La situación de La Bressola es crítica, y desde la formación independentista instan al Gobierno a "establecer algún tipo de ayuda económica" y a "utilizar mecanismos de mediación con el Estado francés" para abordar la reciente retirada de subvenciones. Junts denuncia que "desde la restauración de la democracia, el uso social del catalán ha ido descendiendo cada vez más". Un hecho que "se ha agravado todavía más" a partir de las "políticas lingüísticas en contra de los estados francés y español". En este sentido, Junts lamenta que la Catalunya Nord haya sufrido un "proceso grave de sustitución lingüística que no ha tenido nunca ningún tipo de defensa por parte del Estado español". "Si nos encontráramos ante el cierre de una escuela que enseña en castellano, no estarían actuando de esta manera", lamenta el senador de Junts.
Vulneración de la Carta Europea
La petición de Junts está argumentada en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, firmada tanto por el Estado francés como por el español. "La defensa del catalán en la Catalunya Nord es una cuestión lingüística y un compromiso con los valores europeos de diversidad cultural y protección de las lenguas minoritarias", afirma Ten, quien asegura que en caso de no actuar, el Gobierno "estaría vulnerando la Carta Europea".
La situación crítica de La Bressola ya motivó que el pasado mes de enero ERC también reclamara al Gobierno de Sánchez que tomara "medidas inmediatas" para garantizar la continuidad de La Bressola. "La Bressola no es solo un proyecto educativo, sino también una herramienta fundamental de resistencia cultural y lingüística en un territorio donde el catalán se encuentra en peligro de extinción", alertó la diputada republicana al Congreso Etna Estrems. ERC presentó una proposición no de ley que, entre otras medidas, pide fijar una asignación estable de fondo para esta iniciativa.
La legislación francesa ha endurecido las restricciones al uso del catalán y, en mayo de 2023, el tribunal de Montpellier prohibió que se utilizara en los plenos municipales de la Catalunya Nord. El tribunal de Apelación de Tolosa de Languedoc confirmó esta sentencia contra el uso del catalán como lengua prioritaria, anulando el reglamento del Ayuntamiento de Elna y otros municipios que permitían el uso del catalán en los plenos, argumentando que infringe el artículo 2 de la Constitución, que establece el francés como lengua oficial de la República. Pero, además de quedar relegado al ámbito de la Administración pública, Francia también ha arrinconado el catalán en los liceos en el inicio escolar 2024-2025 mediante la implementación de políticas restrictivas.