Nueva ofensiva por parte del estado español con el fin de imponer el castellano al sector privado: hasta 38 nuevas normas tratan de imponer esta lengua a las empresas privadas, según ha denunciado Plataforma per la Llengua en un comunicado.

"Durante el segundo trimestre de este año se han aprobado hasta 16 nuevas normativas que imponen el uso del castellano a las empresas privadas y algunas adicionales que establecen la obligación de las administraciones de utilizar esta lengua en actuaciones relacionadas con las empresas y el mercado", asegura la ONG.

Algunos ejemplos

Platraforma per la Llengua pone como ejemplo una orden del Ministerio de Industria (Orden ICT/677/2019) que regula la concesión de subvenciones para la solicitud de patentes. Según explica la ONG el Estado subvenciona todas aquellas empresas que requieran presentar documentos al sistema de patentes europeas, ya que estas necesitan traducir los textos del castellano al inglés, el francés o el alemán –los idiomas que utiliza la Oficina Europea de Patentes–.

En cambio, si una empresa tiene los documentos en catalán y estos tienen que ser presentados en las oficinas del Estado, la empresa no recibe ningún tipo de financiación y tiene que asumir el coste.

La ONG también pone en el punto de mira la Ley de Marcas (Ley 17/2001), la cual a pesar de haber sido modificada todavía mantiene "imposiciones explícitas del castellano", según denuncia la organización. "Así, si en la solicitud de registro de una marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas se reivindica la prioridad de solicitudes anteriores, habrá que presentar copias en castellano o traducidas al castellano", explica Plataforma per la Llengua.

"Si se pide una prueba de uso de una marca, el oponente la tendrá que presentar en castellano o traducida al castellano. Si se pide la nulidad o caducidad de una marca, la parte solicitante puede presentar las pruebas en una base de datos en línea si está en «idioma español», añade.

Plataforma per la Llengua también se fija en el Real Decreto 239/2019, aprobado en abril, "que obliga a los patrones de barcos de pesca-turismo a proporcionar a los turistas información en castellano y en inglés sobre la nave y recomendaciones sobre las medidas de seguridad y las condiciones en qué se realizará la actividad".

La Unión Europea

Plataforma per la Llengua también menciona la Unión Europea como una institución que actúa de cómplice a la hora de apartar el catalán. Según explica la ONG, la mayoría de las normas europeas, del Parlamento y la Comisión "contienen habitualmente referencias a la necesidad de usar lenguas oficiales de los estados o de la Unión, condición que en el Estado español sólo tiene el castellano". Es importante recordar que la UE tiene competencias muy extensas en materia de regulación del mercado.

"Al margen de las normas que regulan el mercado, durante el segundo trimestre del año el estado español y las autoridades europeas han aprobado hasta 22 normas que imponen el castellano en las actuaciones de las administraciones públicas", concluye.