La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) es hija de la crisis del 3% de 2005 y ha muerto aplastada por el peso del 9-N de 2014.
La crisis del 3% surge a consecuencia del hundimiento causado por las obras de la línea 5 del metro en el barrio del Carmel de Barcelona. En el pleno del Parlamento sobre estos hechos, el 24 de febrero del 2005, el presidente Pasqual Maragall se defendió de las acusaciones del jefe de la oposición, Artur Mas, diciendo que Convergència i Unió tenía "un problema denominado 3%". Maragall aludía al rumor extendido en un editorial de El Periódico de aquella semana, donde se insinuaba que los gobiernos de CiU cobraban comisiones de este valor por|para la adjudicación de obras.
Oasis muerto
Maragall retiró la frase menos dos minutos desprendidos de decirla, amenazado por Mas "de mandar a hacer puñetas toda la legislatura", es decir, de bloquear el nuevo Estatuto, proyecto estrella del primer tripartito.
La expresión, sin embargo, se ha quedado enganchada a la política catalana como una mancha de petróleo en una camisa blanca. Hirió de muerte el nombrado "oasis catalán", que ya venía temblando de fiebre.
Las personalidades no ayudaban. La tensión entre Maragall y Mas era muy alta desde sus tiempos al Ayuntamiento de Barcelona, donde el convergente conseguía a menudo hacer perder los estribos al alcalde. Ahora se había agravado por el sentimiento de Mas de que el tripartito era un gobierno de perdedores en contra suya, el ganador de las elecciones, a quien el PSC ni había dado opción de ofrecerles un pacto.
Un embarazo muy largo
El parto del OAC tuvo que superar numerosos tropiezos|obstáculos. La oficina era la niña de los ojos de Esquerra Republicana, la encarnación del "manso limpias|netas" con que el líder, Josep Lluís Carod Rovira, hizo la campaña que va ressituar su partido como bastante mayor a las elecciones del 2003.
El empuje de Carod chocó con la poca complicidad del PSC. Los socialistas congelaron el proyecto mientras entretenían a sus socios con argumentos como que reforzante la Sindicatura de Cuentas había lo bastante, que no había que crear más organismos fiscalizadores, cosa que compartían PP y CiU. Lo estira y encoge para|por el OAC entre ERC y PSC era subterráneo pero intenso.
Hasta que llegó la crisis del 3%.
El OAC dio salida al enredo|lío. Se crearía, pero sin grandes recursos (carencia que ha sido una queja permanente de sus dos directores) y con un mandato muy abierto y poco concreto, a pesar de la grandilocuencia de la ley.
ERC tenía el trofeo que quería y podía justificarse ante sus electores. La nueva institución nacía, sin embargo, sin dientes para morder: sólo podía hacer recomendaciones al Gobierno. El telón de fondo de todo era que no se volviera a repetir una crisis como la del 3% que arrancara el grande qué de aquella legislatura tripartita, el nuevo Estatuto, que necesitaría sí o sí, los votos de CiU para ir adelante.
Nombre antes que oficina
Un mes y cuatro días después del "pleno del 3%", el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, descubrió en una entrevista a la Cadena SER quién sería el primer director de la OAC.
El presidente no dio el nombre directamente pero admitió que "se han dado algunas descripciones de esta persona que lo hacen inconfundible". Las suyas, por ejemplo, en aquella misma entrevista: "un fiscal de carrera, persona de mucho prestigio en la profesión y totalmente independiente"; un fiscal "poco conocido" que "nunca ha buscado la publicidad"; "el fiscal que a nivel de Europa llevó el tema del fraude del lino".
Esta persona era David Martínez Madero.
Veintiocho sesiones después, el 24 de mayo de aquel año, la comisión del Carmel se cerró con mucho amor y esta conclusión: "no se ha podido acreditar el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas".
En un párrafo perdido entre las recomendaciones de la comisión (que la Sindicatura de Cuentas fije un plan contable a los partidos, limitar los gastos electorales, etc.) aparece la perla: "que la oficina antifraude funcione con rigor". La oficina antifraude sólo era un nombre y ahora ya tenía una especie de mandato.
Tres años después, el tripartito todavía no se había puesto de acuerdo sobre el proyecto de creación de la Oficina. El anteproyecto llegó al Parlament en diciembre del 2007.
Hacía más de dos años que se sabía quién dirigiría la oficina pero no había oficina.
En marzo del 2008 todavía estaba en el trámite de ponencia. No era una velocidad que diríamos propia de un proyecto emblemático, que era lo que se repetía un día sí y otro también. El portavoz de ICV, Joan Boada, excusaba el retraso diciendo: "queremos el máximo apoyo, incluso de la oposición".
En el otro extremo, sin embargo, el portavoz del PP, entonces el joven tigre Daniel Sirera, se quejaba: "el proyecto se está dilatando, pero no porque nosotros pongamos palos en las ruedas". Sorprendente. El mundo al revés.
Sirera, sin embargo, no lo contaba todo. El PP había llevado el proyecto de ley de Antifraude al Consell Consultiu ya en el 2004. Lo hizo con CiU, que tampoco se estaban quietos. Después de un dictamen de julio del 2006 en que se recogían algunas recomendaciones, el proyecto fue modificado, pero los partidos de la oposición volvieron a llevarlo al Consultiu.
El segundo dictamen llegó el 5 de agosto del 2008. El Consultiu empleó casi dos años en revisar las modificaciones introducidas en una ley de cuatro folios que ya había visto antes.
76 enmiendas
El 22 de octubre del 2008, el pleno del Parlamento aprobó la ley de la Oficina Antifraude de Catalunya. Un embarazo de cuatro años que vino con cesárea, porque antes de las votaciones finales todavía se presentaron y debatieron 76 enmiendas: 44 de CiU, siete de los partidos del Gobierno (ERC, PSC, ICV), 20 del PP y cinco de C's.
El nombramiento de Martínez Madero añadiría todavía siete meses más de retraso. CiU y el PP bloqueaban al candidato del tripartito, grupo que no podía llegar solo ni con C's a la mayoría reforzada de 3/5 de la cámara (90 diputados) que exigía la ley para nombrar al director del OAC. En cambio, sí tenían mayoría para modificar la ley. Es lo que hicieron: se podría nombrar al director en segunda votación y mayoría absoluta, inutilizando uno de los mecanismos que garantizarían la neutralidad del OAC.
El 21 de enero de 2011, un infarto mató Martínez Madero en la sala de espera de Malpensa, el aeropuerto de Milán, mientras cambiaba de vuelo. Volvía de un viaje a Singapur. Tenía 47 años y le quedaban todavía siete como director de Antifrau. En año y medio dirigió la intervención de la empresa Gramepark, ordenada por Baltasar Garzón dentro de la operación Pretoria, o el análisis de la comisión parlamentaria sobre el Palau de la Música, que lo enfrentó... con la Sindicatura de Comptes.
Herencia complicada
El contexto era muy diferente. Ahora era CiU a quien gobernaba. Unión, muy golpeada por varias investigaciones judiciales, bloqueaba el relevo del director traspasado. En junio del 2011, el exdiputado de Unión Manuel Silva, un hombre del núcleo duro de Duran, propuso a Daniel De Alfonso al presidente Artur Mas. De Alfonso era magistrado de la sección 7ª (penal) de la Audiencia provincial de Barcelona. La propuesta resolvió un enredo que ya hacía cinco meses que duraba.
A De Alfonso lo votaron CiU, PSC y PP (108 votos), se abstuvieron ERC, ICV y C's. Sólo los cuatro diputados de Solidaridad Independentista lo hicieron en contra. El entonces ninguno de este grupo justificó así el sentido de su voto:
[VÍDEO] @solidaritatcat va ser l'únic partit que va votar contra el nomenament de Daniel de Alfonso l'any 2011. pic.twitter.com/pMsXvkScVQ
— l'Unilateral (@unilateralcat) 22 de juny de 2016
La vida del segundo director del OAC ha sido pelín accidentada. El caso que le hizo famoso es la recomendación de anular la adjudicación de Aguas Ter Llobregat (ATLL) hecha por la Generalitat a Acciona por unos 800 millones de euros, la privatización mayor hecha a Catalunya. El OAC constató "múltiples irregularidades": precios inflados y cobros de contratos todavía no autorizados.
La fiscalía abrió diligencias a raíz del informe remitido por el OAC y ahora la Generalitat se arriesga a tener que pagar más de mil millones de euros si el Tribunal Supremo confirma la anulación del concurso de adjudicación de ATLL, según explicó el mismo De Alfonso al Parlamento el pasado 25 de mayo.
Patinazos
También recientemente, De Alfonso ha cuestionado el sistema de contratación pública de la Generalitat que el entonces presidente Mas defendió en el Parlamento como a "impecable". Para De Alfonso, "hay resquicios que cualquiera que conozca un poco la legislación descubriría", dijo a Catalunya Ràdio.
En abril del 2015, en la facultad de Derecho de Columbia, en Nueva York, dio una sesión basada en un caso que OAC había investigado sobre uno operación de blanqueo de capitales rusos a la Marina del Port Vell de Barcelona. No dio nombres ni datos, pero insinuaba que uno de los concejales de CiU había cobrado comisiones.
De Alfonso volvió a la polémica el pasado 12 de mayo, cuando dijo que a los nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos también "hay casos de corrupción, casos que no son precisamente ejemplificantes, y casos de falta absoluta de transparencia, porque no publican sus cuentas ni sus ingresos".
El pasado mayo, volvió a comparecer en el Parlamento para explicar el nombramiento de Maite Masià como directora adjunta de la Oficina. Masià es una abogada ampostina que ha ocupado cargos a la administración catalana desde los años 90 por designación de CiU, sobre todo en el área de energía.
Todos los grupos, fuera de CiU y PSC, en un penúltima y episódica muestra de sociovergencia, objetaron falta de independencia por haber ocupado altos cargos por designación del actual Gobierno y para aparecer en las intervenciones telefónicas de la Guardia Civil pel 'caso ITV' de tráfico de influencias. De Alfonso reconoció que no había comprobado su expediente. La pregunta que quedó flotante al aire es: ¿a quién hizo caso, pues?
Un caso cada 11 días
La actividad de la OAC depende mucho de la iniciativa de quien la dirige. Ocho de cada diez asuntos en que interviene son relativos a problemas urbanísticos o de contratación administrativa en ayuntamientos. La mayoría acaban en un "informe razonado" sobre el caso y no son pocos lo que se archivan desprendido de hacer alguna recomendación al ente investigado.
En el mandato de De Alfonso, entre 2011 y mayo del 2016, el OAC ha abierto 166 investigaciones, de las que 113 han acabado en "informes razonados"; 49 se han archivado y en cuatro se han hecho sólo "recomendaciones", según los datos publicados por la oficina. En este periodo, el OAC ha hecho 51 comunicaciones en la Fiscalía. Visto de otra forma: 33 investigaciones por año, una cada diez días.
¿Sobrevivirá el OAC a De Alfonso? Claro está que él no. Las grabaciones de sus conversaciones con el ministro del Interior sobre casos concretos que puedan embadurnar en CDC y ERC han muerto al director de la oficina. Quizás también en la misma oficina, nacida en la sombra de la crisis del 3% y muerta en el calor del 9-N.