La Oficina d'Igualtat del Parlament de Catalunya ha archivado y cerrado la denuncia que la diputada de Junts per Catalunya Cristina Casol presentó contra su grupo parlamentario el pasado mes de noviembre por un presunto caso de "acoso por razón de género". Fuentes de la cámara explican que la investigación, que la efectuó una empresa externa —Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress)—, ha concluido que no hay hechos probados. Por lo tanto, la Oficina d'Igualtat del Parlament concluye el caso por no constar ningún hecho que demuestre el acoso por razón de género y no propone ninguna actuación.
Estas fuentes explican que así se ha transmitido a la Mesa de la cámara. De hecho, en caso de que no se proponga ninguna actuación, la Mesa ni se entera de la existencia de la denuncia. Estas cuestiones solo se elevan al órgano rector de la cámara si la Oficina d'Igualtat propone alguna actuación al respecto, ya que los miembros de la Mesa tendrían que aprobarlas, dado el caso. Ahora bien, aunque en este contexto no se propone ninguna actuación y se cierra la carpeta de la denuncia de Casol (afín a Laura Borràs), el hecho de que trascendiera a los medios —fue avanzada por el diario Ara— ha hecho que la decisión de archivar el caso se haya comunicado a la Mesa. A lo largo de la investigación, varios diputados del grupo parlamentario de Junts fueron citados para que respondieran preguntas sobre el escrito de denuncia que había presentado Casol.
El caso Madaula
Este asunto se sumaba a la denuncia de la vicepresidenta del partido, Aurora Madaula —también muy próxima a Borràs—, que a finales de noviembre denunció desde el atril del Parlament (en el marco de una sesión plenaria del Parlament de les Dones) haber sufrido "violencias machistas silenciosas" por parte de compañeros de la formación. En concreto, ella, como secretaria segunda de la Mesa de la cámara, dio apoyo en nombre de Junts a una declaración institucional de defensa de la activista Vanessa Mendoza, que denunció en la ONU la prohibición del aborto en Andorra. Este apoyo 'unilateral' no gustó a diputados de la formación, y se desautorizó. La semana después de haber denunciado esta situación, Madaula lo trasladó a la Comisión de Garantías de Junts que, a su vez, recibió dos escritos en contra de la vicepresidenta juntaire por hacer un "uso político" de la violencia machista. El primero de los textos estaba firmado por 22 diputados de los 32 del grupo parlamentario, mientras que el segundo era de la sectorial de Feminismos. Actualmente, este caso se encuentra paralizado porque Aurora Madaula está de baja médica.