El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Joan Josep Omella, ve "incongruente" que el Gobierno permita el aborto y "prohíba romper un huevo de águila". El presidente de los obispos españoles ha opinado hoy a través de su perfil de Twitter sobre la reforma de la ley del aborto en la cual ayer dio luz verde definitiva el Congreso de los Diputados y que acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para menores de 16 y 17 años y consagra la red pública como en lo referente a la hora de practicar la interrupción voluntaria del embarazo.
Con 185 votos a favor, 154 en contra y tres abstenciones de diputados del PdeCat, la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo salió adelante con la oposición del PP y Vox y en medio de la polémica por la resolución del Tribunal Constitucional, que ha avalado la ley de plazos del 2010 recurrida por el PP. "Qué incongruencia cuando se escandalizan porque se abandona un bebé de 10 meses (9 en el vientre de su madre). No se inmutan si es martirizado con menos de 9 meses, dentro de su madre", ha escrito hoy el cardenal Omella, que añade: "Pero si nace con 5 meses exigen luchar para salvarlo". "Y ¡ prohíben romper un huevo de águila"!, exclama el arzobispo en el comentario en las redes sociales.
Según el cardenal, "el aborto se consolida como un derecho en España mientras nuestros gobernantes no abordan los verdaderos y urgentes problemas sociales: 13 millones de españoles en situación de exclusión social y una de las tasas de natalidad más bajas de la UE". "Recemos por nuestros gobernantes", concluye el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
La nueva norma
La norma que ahora sustituirá la de 2010 elimina la obligación de tener permiso paterno para abortar a partir de los 16 años o en el caso de mujeres con discapacidad, suprime los tres días de reflexión obligatorios para interrumpir el embarazo y pretende garantizar que la intervención se pueda hacer a la sanidad pública en centros a proximidad del domicilio de las mujeres. Además, incluye las bajas por reglas dolorosas y la financiación pública de las pastillas anticonceptivas de última generación.
En el debate de este jueves en la cámara baja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió esta "ampliación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" y alertó de que el camino de la norma "no acaba con esta votación ni con su publicación en el Boletín Oficial del Estado". "Habrá resistencias en su aplicación igual que con todas las leyes feministas", dijo, y advirtió que habrá que trabajar mucho para garantizar que estos derechos se hacen efectivos.