El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha comparecido este viernes en el Parlament, en el marco de la comisión de investigación sobre el Catalangate (como ha hecho Dolors Feliu), para exponer y denunciar los cuatro casos de personas espiadas de la entidad con el programa Pegasus. Antich ha subrayado que "la magnitud del escándalo es muy superior a lo que conocemos hasta ahora", dado que solo se pueden detectar los casos que afectan a los dispositivos con el sistema operativo de Apple (iOS) y quedan al margen los que operan con Android. El líder de la entidad cultural ha apuntalado que "espiar a miembros de una organización como Òmnium tiene un efecto multiplicativo enorme", ya que no se trata de una "vulneración de derechos" que se circunscribe a las cuatro personas espiadas, sino también a su entorno: "Estamos ante una vulneración de derechos exponencial y masiva a la sociedad civil mundial".
En su intervención, Xavier Antich ha condenado el espionaje masivo a líderes políticos, sociales y activistas del movimiento independentista: "El ciberespionaje ilegal contra electos y contra la sociedad civil no es lo que se puede esperar de una democracia. De hecho, son prácticas impropias de un sistema democrático, es más propio de sistemas totalitarios y regímenes policiales donde no se respetan los derechos fundamentales". En esta línea, ha cargado cuenta el Estado por perseguir el objetivo de "crear un efecto disuasorio" e intimidatorio, lo que en inglés se conoce como chilling effect. Lo que se ha pretendido, en opinión del presidente de Òmnium, es enviar el mensaje que "aunque el movimiento independentista es pacífico", sus integrantes "corren el riesgo de sufrir represión indiscriminada". Según Antich, han buscado "perfeccionar la máquina represiva contra el independentismo".
El Catalangate "no es un hecho aislado"
En su intervención, el presidente de Òmnium Cultural ha señalado las fechas en que se detectaron los espionajes a Marcel Mauri (entonces vicepresidente de la entidad y, en la práctica, su cara más visible por el encarcelamiento de Jordi Cuixart; llegó a sufrir 19 ataques con Pegasus), Txell Bonet (pareja de Cuixart), Jordi Bosch y Elena Jiménez (del equipo legal de la organización y que intercambiaba muchos documentos sobre la estrategia jurídica y tenía contactos con ONG internacionales). "Con estos espionajes, lo que querían saber las autoridades españolas es la red de relaciones institucionales de Òmnium, el contenido de las reuniones de la entidad, cómo protestaríamos cuando saliera la sentencia... es una barbaridad", ha afirmado. Las fechas de algunas de las infecciones coinciden con los primeros días en la prisión de Jordi Cuixart, pocos días después de la sentencia o las primeras horas desde la aplicación de un régimen penitenciario más flexible para Jordi Cuixart: "Estamos ante un ataque a los pilares de la democracia, a la libertad de expresión, de asociación o a la reunión", ha expuesto Xavier Antich.
Con todo, Antich sostiene que el Catalangate "no es un hecho aislado", sino la "enésima herramienta represiva contra el movimiento catalán por la independencia y la defensa de la autodeterminación". El dirigente de Òmnium lo ha enmarcado en otros episodios represivos como la "violencia policial" del 1-O, el encarcelamiento "arbitrario" de líderes políticos y sociales, las "múltiples causas criminales abiertas contra centenares de ciudadanos movilizados" o la infiltración de agentes policiales en la izquierda independentista "aplicando medidas propias de la lucha antiterrorista". Todavía sobre el ciberespionaje, ha apuntado que, de los 18 a los cuales se les espió bajo autorización judicial según el CNI, "nunca hemos recibido ninguna comunicación oficial al respecto por parte de las autoridades españolas" y se ha preguntado: "Y con los otros 47, ¿qué pasa? ¿Han sido autorizados por un juez? ¿Forman parte de alguna causa penal secreta? Si es el caso, ¿de qué se les acusa? ¿Terrorismo? ¿Organización criminal?". "Son cosas demasiado severas para que pasen años con amenazas veladas", ha concluido.