.4.200 personas represaliadas por el Estado español por defender la autodeterminación de Catalunya. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha anunciado, este jueves por la tarde, que los 2.850 represaliados desde el 2017, que anunciaron hace dos años, han aumentado hasta superar los 4.000 en la actualidad, y que lo difundirán a escala internacional a través de unmapa digital, con el nombre de la Antirrepresiva. "Tenemos que mostrar la represión del Estado español en el mundo porque es el responsable de la vulneración de derechos, desde el ejecutivo, el legislativo, el policial y el mediático", ha denunciado Antich, que ha añadido: "Quieren que nos lamentemos y nos quedamos en casa; pero nosotros lo reivindicamos con orgullo y mostramos nuestra solidaridad antirrepresiva."
La presentación de esta nueva herramienta contra la represión se ha hecho en el patio de la prisión Modelo de Barcelona, donde Antich ha detallado que de los 4.200 represaliados: 1.639 son víctimas de violencia policial; 1.432 personas investigadas en procesos penales, 1.200 personas afectadas por procesos administrativos contables, y sin olvidar "las 65 personas espiadas por el Estado Español" a través del software Pegasus, donde Òmnium -según precisa- cuenta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha ido al acto, después de hacerse público por la mañana que la fiscalía le pide 6 años de prisión y 21 años de inhabilitación a cargo público por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes, y después de su intervención en Junts, donde ha negado su dimisión. Al llegar, Borràs se ha abrazado con su antecesora, Carme Forcadell, y al final del acto también ha sido saludada por Antich.
"Impugnar el engranaje"
La penalista Laia Serra ha iniciado el acto con unas precisas reflexiones de "cómo impugnar todo el engranaje" de esta represión, que "se empieza con la vía policial y tiene finalidades políticas". Ha explicado la aplicación de "innovaciones jurídicas", como ahora "prohibir a los manifestantes a ir a actos públicos", tal como se impuso como medida cautelar a jóvenes detenidos en las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, en octubre del 2019. "En el 2021 se ha abierto una nueva etapa con la aparición de grupos de apoyo y constantes" contra personas represaliadas, ha indicado Serra, así como las primeras resoluciones de l 'Audiencia de Barcelona, de Girona y de la sala de apelaciones del TSJC que están "hablando claro" y tumbando las acusaciones de atentado contra la autoridad y de desórdenes públicos, las cuales no se ha olvidado de decir que son procesos que se inician con "el aval de atestados policiales", y de cambios del Código Penal, "aprobadas por los partidos". Para Serra, "el nuevo reto para el activismo será combatir la represión en las nuevas tecnologías".
El testimonio de los represaliados
En el acto, Marta Garsaball, Jou Carmelo y Òscar Campos han dado a su testimonio de la represión vivida. Marta Garsaball ha explicado que es una de las personas que fue investigada y ahora procesada por haber organizado el Referéndum del 1-O, cuando era directora de servicios de Afers Exteriors, en una causa iniciada por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona de forma secreta, en el 2017. "Es como El Proceso de Kafka. Primero lo negaba todo. Después, al ver los delitos y las posibles penas de prisión, me asusté. El abogado no sabe qué pasará... Y finalmente decidí asumir que soy una persona represaliada", ha confesado Garsaball, y que su caso, como la del resto de la treintena de procesados, todavía está pendiente de juicio, cinco años después de sus detenciones e interrogatorios.
Jou Carmelo, con ironía, ha asegurado: "Nuestra policial y nuestro gobierno también nos persigue por manifestarnos" y ha denunciado que en su caso, como el de otros manifestantes, los Mossos de Esquadra lo identificaron por participar en otras protestas, en tener vídeos guardados. "Tienen carpetas nuestras, y la última me acusan de ir a un pueblo que ni he pisado", ha manifestado.
Òscar Campos, de Girona, también ha detallado que a él y a sus compañeros, Lluís, Sandra y Berta, les piden 4 años de prisión a cada uno de ellos y pagar 62.000 euros por una protesta en el aniversario del 1-O del 2018 en Girona. Campos también ha denunciado "los atestados hechos por la brigada de información de los Mossos" y ha pedido unidad, "sin motivos electorales" y que "sea verdad que cuando nos juzgan en una, nos juzgan a todas".
El presidente de Òmnium ha cerrado el acto, asegurando que la entidad cultural, además de defensa r el catalán, "tiene que denunciar en el mundo la represión del Estado español". "Òmnium muestra su solidaridad anti-represiva, compartiendo frentes estratégicos y de movilización", ha concluido Xavier Antich.