Òmnium Cultural ha anunciado que Oleguer Serra Boixaderas, directivo y vocal tercero de la junta directiva de la entidad cultural, se ha ido al exilio, a Suiza, para defenderse de su imputación por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, hecha por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. La junta directiva de Òmnium se ha reunido de forma extraordinaria en su sede en Perpinyà, desde donde ha hecho una declaración institucional en directo, este miércoles por la tarde. Xavier Antich, presidente de Òmnium, ha anunciado que "intensificarán la ofensiva internacional para denunciar la persecución del independentismo catalán por parte de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil y la policía española", y ha recordado que desde hace siete años hay más de 4.500 represaliados. En la comparecencia, Oleguer Serra ha asegurado: "Con mi acusación, acusan a Òmnium". El abogado Olivier Peter, defensor de Serra con Benet Salellas, ha declarado que "el derecho penal se ha convertido en una arma política contra los Països Catalans". En la declaración institucional, el presidente de Òmnium ha sido contundente: "A más represión, más lengua y más país. Òmnium será una herramienta de denuncia internacional", y ha detallado que Oleguer Serra lo hará desde Suiza.
Precisamente, el magistrado García-Castellón, que decidió e hizo público, el 6 de noviembre pasado, las 12 personas investigadas por terrorismo en el caso de Tsunami, les ha dado de plazo hasta este miércoles para que comuniquen, a través de sus abogados, la dirección de donde viven para citarlos a declarar en Madrid. De los 12 investigados, el Tribunal Supremo aceptó, el febrero pasado, asumir la investigación al president en el exilio Carles Puigdemont, por su aforo como diputado europeo, y al diputado de ERC, Ruben Wagensberg, que al saber de su imputación también se marchó a Suiza, donde sigue viviendo la secretaria de ERC, Marta Rovira, y que también está imputada en la causa de Tsunami. Suiza ya contestó al juez García-Castellón que no colaboraría con él porque considera que Tsunami es una causa política.
Los investigados
Los otros investigados de Tsunami son los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó; Marta Molina, el informático Jaume Cabaní; el exconseller de ERC Xavier Vendrell, que vive entre Catalunya y Colombia; Josep Lluís Alay, director de la oficina del president Puigdemont, recientemente operado por una hemorragia cerebral; Nicola Flavio Giulio Foglia y el periodista de La Directa Jesús Rodríguez, de cuya situación informará el grupo de apoyo este miércoles, en un acto con el apoyo del grupo de periodistas Ramon Barnils. De Cabaní, Rodríguez y Foglia, el juez ha encargado a la Guardia Civil que busque dónde viven porque no están personados con abogado en la causa de Tsunami.
Sospechas de Òmnium
El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional escribió que Òmnium Cultural también estaría detrás de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, de la cual, por ahora, nadie se ha atribuido su creación, ni los investigadores de la Guardia Civil lo han descubierto con certeza, solo lo han deducido con mensajes entre los investigados sobre impulsar movilizaciones y manifestaciones contra la sentencia del Supremo a los líderes catalanes. En concreto, en la resolución del 6 de noviembre pasado, el juez García-Castellón afirma que "Tsunami Democràtic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia dirigida por varias personas con roles diversos, y su finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".
Precisa que se pone en marcha el 28 de agosto de 2019, con un canal en Telegram y el primer mensaje se envía el 2 de septiembre, y que convocó la primera gran movilización el 14 de octubre, contra las elevadas penas impuestas a los líderes independentistas por sedición. Del móvil de Alay se extraen conversaciones con Rodríguez y los investigadores deducen que se presenta Tsunami, al president Puigdemont, en una reunión en Ginebra, con responsables de los partidos independentistas y con representantes de las entidades sociales Òmnium y la ANC. "Resulta llamativo constatar cómo se hace referencia al hecho de que Òmnium informará directamente al president Puigdemont", manifiesta el magistrado de la Audiencia Nacional en su resolución de noviembre pasado, haciendo referencia a uno de los mensajes del periodista Rodríguez a Alay, que consta en el sumario. El juez cita conversaciones entre todos los investigados, menos de Oleguer Serra, directivo de Òmnium.
Seis movilizaciones delictivas
La Audiencia Nacional y también el Tribunal Supremo considera indicios del delito de terrorismo imputables a Tsunami seis movilizaciones. Son las del 14 de octubre de 2019, la protesta masiva en el aeropuerto de El Prat, donde García-Castellón, insiste en vincular la muerte de un ciudadano francés, y el intento de bloquear el acceso al aeropuerto de Madrid, provocando colas con coches; la huelga general de 18 de octubre, en la que se sitúa a los dos policías heridos; el 26 de octubre, una nueva manifestación en la calle Marina de Barcelona; del 1 al 10 de octubre se les acusa de intentar afectar las elecciones por los actos convocados; del 11 al 13 de noviembre la convocatoria de manifestaciones en la autopista en AP-7 hasta la Jonquera, y finalmente la protesta en el partido Barça-Madrid en el Camp Nou, el 18 de diciembre de 2019.
Acciones, todas ellas, que las defensas de los investigados consideran amparadas en el derecho de manifestación.