Òmnium Cultural ha denunciado ante las Naciones Unidas (ONU) el "boicot" por parte del poder judicial a la ley de amnistía, una situación que impide la aplicación "efectiva y rápida" de la norma y que, según la entidad, tiene "efectos disuasivos" entre el resto de la judicatura y entre los mismos "represaliados". Aprovechando el Examen Periódico Universal del máximo organismo internacional, Òmnium ha presentado al Consejo de Derechos Humanos el primer informe de la Sindicatura per l’Amnistia sobre el cumplimiento de la norma. El presidente de la entidad, Xavier Antich, ha lamentado que parte de la justicia española se rige por "un doble vara de medir" en la aplicación e interpretación de la ley, hecho que atribuye a "la intencionalidad política y parcial".
La conclusión a la que llega Òmnium en su informe es que las maniobras de "obstaculización" contra la aplicación de la ley —recursos de inconstitucionalidad, cuestiones prejudiciales a instancias europeas o no querer aplicar la ley a ciertos delitos— hace que algunos jueces no quieran aplicar la amnistía hasta que los magistrados de rango superior, como los del Tribunal Supremo, apliquen una doctrina unificada. Por otra parte, los redactores del estudio también han detectado entre las defensas de los investigados que en algunos casos los afectados no ven la utilidad de pedir una medida de gracia que creen que no se les llegará a aplicar.
Òmnium denuncia que la estrategia "paralizadora y dilatoria" disminuye la "confianza" en el sistema judicial español y "perpetúa" la represión política. Antich lo califica "de ataque a la democracia" que "pretende disuadir cualquier intento de justicia". Así, la entidad considera "insuficiente e irregular" la aplicación de la amnistía desde que la ley ha entrado en vigor el pasado 11 de junio. Òmnium lo vincula directamente a "la oposición de sectores de la derecha y la extrema derecha española, tanto en el ámbito político como judicial".
El informe señala varias causas por esta falta de aplicación, incluyendo el silencio de los tribunales ante las peticiones de tramitación, la negativa "arbitraria" de magistrados y jueces a reconocer que ciertos delitos están cubiertos por la Ley, y la presentación de cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional español, que han paralizado los procedimientos y han generado "un laberinto procesal con efectos disuasivos". La entidad también considera "arbitraria y contraria a la separación de poderes" la interpretación que el Tribunal Supremo hace sobre el delito de malversación, que la ley considera incluido siempre que no haya un propósito de enriquecimiento personal.
Además de a la ONU, Òmnium enviará el informe a instituciones que velan por la defensa de derechos fundamentales como el defensor del pueblo, el Ombudsman de Europa, la Comisión Internacional de Juristas y el Defensor del Pueblo.
Más de 1.600 amnistiables, 73 amnistiados
Según el informe, hay 1.610 personas amnistiables en el marco del procés, 726 de las cuales con causas penales (691) y del Tribunal de Cuentas (35). De estas 726 se han hecho 330 tramitaciones, con 72 amnistías concedidas, 45 denegados, 47 en suspensión por las cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales en el TJUE y 166 sobre las cuales no hay constancia de respuesta judicial. De 396 más no hay constancia que se hayan tramitado. Con respecto a las otras 844 hasta llegar a las 1.610, se trata de personas con sanciones administrativas. Ha habido 32 tramitaciones con 20 amnistías concedidas y 12 desestimadas.