Más policías bajo sospecha. Las entidades Òmnium, Irídia y ANC han pedido 37 nuevas imputaciones de agentes de la Policía Nacional en la macrocausa por las cargas policiales del 1-O en centros de votación de Barcelona, que investiga el titular del juzgado de Instrucción 7 de Barcelona. Las tres acusaciones populares han anunciado hoy que han presentado al magistrado un nuevo informe pericial de análisis de imágenes donde se identifican hasta 468 acciones policiales desproporcionadas en 16 escuelas de Barcelona que fueron centro de votación durante el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya. Detallan que de las 37 nuevas imputaciones de agentes de la policía española, 24 serían nuevas imputaciones y 13 serían ampliaciones, es decir, de agentes que ya son investigados por otras acciones. Así, aseguran que el total de agentes ascendería hasta 90, que podrían ir a juicio. La instrucción de las cargas policiales estaba a punto de cerrarse y si se admiten estas nuevas imputaciones todavía se alejará más la fecha del juicio.

En el comunicado, las tres entidades indican que en los vídeos analizados se observan "puñetazos, empujones con fuerza, obstrucción de las vías respiratorias, ahogos o patadas", entre otros. Exponen que a partir del visionado de estas imágenes y grabaciones, y fruto de meses de trabajo, las tres acusaciones populares consideran imprescindible la imputación de 37 agentes más de la Policía Nacional, donde 24 serían nuevas imputaciones y 13 serían ampliaciones de imputación de policías ya investigados. Cuatro de ellos son jefes de grupo. Òmnium, Irídia y ANC, personadas como acusaciones populares, vuelven a denunciar que "están supliendo el papel que tendría que hacer la fiscalía en defensa de los derechos fundamentales vulnerados a la ciudadanía".

 

Los centros

Las entidades precisan que todas las actuaciones policiales desproporcionadas e ilícitas que se analizan en esta nueva pericial tuvieron lugar el 1 de octubre del 2017 en 16 puntos de votación de la ciudad de Barcelona. Son: Escola Mediterrània, IES Pau Claris, Escola Pia Sant Antoni, IES Ramon Llull, IES Joan Fuster, Centre Educatiu Projecte, Escola Infant Jesús, Dolors Monserdà, IES Santa Caterina de Siena, Àgora, Mare Nostrum, Escola Prosperitat, Escola Víctor Català, IES Joan Boscà, CAP Guinardó i CEIP Els Horts.

Al mismo tiempo, las tres acusaciones también reclaman una nueva prórroga de 6 meses de la instrucción del caso para practicar diligencias pendientes de investigación y resolver las que se puedan derivar de las nuevas imputaciones de agentes de la Policía Nacional. La última prórroga de la investigación fijaba el fin de la instrucción para este 29 de enero de 2022.

La codirectora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha afirmado que con la prueba pericial audiovisual presentada “Òmnium, Irídia y ANC han hecho un esfuerzo titánico para delimitar las conductas delictivas de los agentes policiales, y donde se han encontrado más de 400 conductas delictivas”. Franquesa ha añadido que “la instrucción ha sido impulsada por las acusaciones” y ha denunciado “la actitud incluso de obstrucción del fiscal y del propio cuerpo de policía”. Ha concluido: “Estamos en la recta final y esperamos ir pronto a juicio.”

El magistrado Francesc Miralles tenía que decidir si planteaba dos juicios. Uno con Roger Español, víctima que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma de un escopetero de la policía española, y que también es acusado por los agentes, y el segundo juicio de todos los policías españoles por vulneración de derechos de los ciudadanos.