Òmnium Cultural da un paso más para garantizar que los responsables del CatalanGate asumen las responsabilidades de sus acciones. La entidad ha pedido la creación de una comisión internacional de investigación en el seno de las Naciones Unidas (ONU) para elaborar un informe independiente e imparcial sobre el espionaje masivo uno a líderes sociales y políticos catalanes independentistas, con el cual se pueda identificar y sancionar a los responsables. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha sido quien ha enviado una carta al Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ya que el espionaje constituye una violación de los derechos humanos, según remarca la entidad.
La inacción de las autoridades españolas ante el espionaje masivo al independentismo ha sido lo que ha motivado la organización reclamar en la ONU que presione al Estado español a fin de que este "cumpla con sus obligaciones internacionales". En la carta, Antich ha invitado a Bachelet a intervenir para pedir que España pare el espionaje y que rescinda su contrato con el Grupo NSO o empresas del mismo estilo. También se reclama que se repare a las víctimas del CatalanGate, así como que se creen mecanismos de protección para evitar las violaciones de los derechos humanos derivadas del espionaje digital.
Òmnium ha insistido en que hay que presionar a las autoridades españolas para que pongan en marcha una investigación "inmediata, independiente, transparente y eficaz", que permita identificar y sancionar a los responsables de lo que definen como "el mayor escándalo de ciberespionaje ilegal nunca conocido".
Preocupación por Pegasus
El pasado 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Bachelet señaló la peligrosidad del uso de software espías como Pegasus o Candiru. "Es un ataque a la privacidad y una obstrucción a la libertad de expresión", sentenció. El Alto Comisionado pidió una moratoria en torno a su uso, exportación, venta y transferencia. "Pido a todos los Estados que adquieren este tipo de tecnologías de vigilancia, que lo hagan cumpliendo los estándares de derechos humanos, y que se pregunten si son herramientas legales, necesarias y proporcionales ante sus riesgos", remarcó.
Es decir, Bachelet hace poco dejó clara su oposición a este tipo de software. En aquella ocasión, la representante de la ONU hacía especial referencia a su uso contra los periodistas, pero también añadió: "El software Pegasus se está utilizando en al menos 45 países, a menudo con un secretismo total y fuera de cualquier marco legal".