Òmnium Cultural ha presentado una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) denunciando que justicia española discrimina y excluye las entidades que defienden el catalán en la causa general del 25% a la escuela. La entidad que preside Xavier Antich ha tomado esta decisión después de que Tribunal Constitucional le denegara la posibilidad de ser parte implicada en el juicio que amenaza el conjunto de escuelas de Catalunya y que se encuentra actualmente parado pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la Ley y Decreto ley del catalán en la escuela. En un comunicado, Òmnium explica que tanto el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) como el Tribunal Constitucional efectuó una clara discriminación lingüística y una vulneración del derecho en el trato igualitario cuando impidieron que la entidad pudiera personarse en la causa.
Grave perjuicio
El argumento de esta negativa fue que la imposición del 25% del castellano no afecta al uso del catalán en las aulas ni tiene efectos sobre Òmnium ni sus socios, pero, en cambio, sí que aceptaron la personación de entidades no representativas contrarias a la escuela catalana, como son Asamblea por una Escuela Bilingüe o Hablamos Español, lo que constituye un agravio comparativo. Òmnium ya denunció el grave perjuicio que suponía no poder defender el modelo de inmersión lingüística desde la sociedad civil. Es por eso que Òmnium afirma que utilizará "todas las herramientas legales, también en Europa, para evitar que sean los tribunales y no la comunidad educativa, los que marquen nuestro modelo de escuela".
"Es insólito y antidemocrático el papel que está jugando de nuevo la justicia española contra el catalán en la escuela, vulnerando el derecho de los ciudadanos a aprender el catalán", afirma Antich en el comunicado de Òmnium, quien considera que "es surrealista", aunque puntualiza que "no nos sorprende que la justicia española considere que la sentencia del TSJC que impone el 25% de castellano en las aulas no afecta al catalán y, por lo tanto, que tampoco afecta Òmnium Cultural". Y más, teniendo en cuenta que "otras entidades fantasma del españolismo, que no son representativas, ni tienen nada que ver con la educación, sí que se les permite ser parte en la causa", lamenta Antich".
Los argumentos de los tribunales
En la causa general del 25% en la escuela, el TSJC impidió Òmnium personarse con dos votos particulares de los cinco magistrados que formaban el tribunal, quienes se opusieron a la decisión argumentando que "es obvio que la mayor utilización vehicular o docente de una lengua -en este caso el castellano- comporta necesariamente una correlativa disminución de las otras lenguas vehiculares" y, por lo tanto, que las entidades que trabajan por la promoción del catalán en la escuela tendrían que ser admitidas como parte afectada en el juicio, ya que en caso contrario, "se vería amenazado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de trato". Ahora, Òmnium eleva su demanda por discriminación lingüística al tribunal de Estrasburgo y denuncia que la justicia española vulnera varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre estos, el que hace referencia a la discriminación en razón de lengua o la violación del Derecho al proceso equitativo, afirma en el comunicado hecho público este viernes.
Implicación política y social del catalán en la escuela
Òmnium mantiene que la ejecución de la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas tiene una clara implicación política y social, y lamenta que la justicia siga amenazando la escuela catalana, "excluyente las entidades representativas de la comunidad educativa y las favorables a este gran consenso de país", mientras que, por otra parte, premia y promociona aquellas que pretenden "romper con el modelo de inmersión lingüística, sin ninguna base pedagógica", con la pretensión "de impedir que el conjunto del alumnado pueda estar plenamente capacitado para comunicarse en catalán".
La causa del 25% en la escuela
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó una sentencia el 17 de diciembre del 2020 que ordenaba que todas las escuelas catalanas impartieran al menos un 25% de las horas lectivas en castellano. Esta resolución se produjo a raiz de un recurso presentado por la Abogacía del Estado cuando José Ignacio Wert del Partido Popular era ministro de Educación. La sentencia generó consecuencias y reacciones contrarias por parte del independentismo y el Goverm. Al inicio del curso escolar de este año, 24 escuelas se vieron obligadas a aplicar el 25% de castellano en alguna de sus líneas educativas. La Generalitat de Catalunya ha intentado proteger el modelo de inmersión lingüística en catalán a través de la aprobación de decretos y leyes, pero uno de los decretos fue suspendido cautelarmente por el TSJC en el mes de julio, decisión que recorrió el Govern. El Consejo de Europa ya se pronunció contra el 25% de castellano en las escuelas de Catalunya en septiembre de este año.