Òmnium llevará a la Comisión Europea el boicot de la justicia a la ley de amnistía

Òmnium Cultural llevará este viernes la no aplicación de la ley de amnistía a la Comisión Europea con el objetivo de señalar las irregularidades, la obstaculización de la cúpula judicial y la falta de aplicación de la ley. Así lo ha anunciado el presidente de la entidad soberanista, Xavier Antich, a la comisión de Justicia del Parlament de Catalunya, desde donde ha presentado el informe de la Sindicatura por la Amnistía para denunciar la mala praxis judicial. El objetivo de la entidad soberanista es que la Comisión Europea incorpore dentro del informe periódico del Estado de derecho sobre España el incumplimiento de la ley y la obstaculización de la cúpula judicial. "Es imprescindible que se tenga en cuenta la grave politización de la justicia española", ha dicho Xavier Antich, que ha hecho un llamamiento a los partidos políticos y al Govern de la Generalitat para que velen por el cumplimiento de la ley. "Hace falta que hagan seguimiento para que ciertos actores politizados no lo obstaculicen ni utilicen una doble vara de medir", ha dicho Antich, haciendo énfasis sobre todo en los partidos que tienen representación al Parlament de Catalunya.

Òmnium Cultural, además, ha hecho un llamamiento a fin de que todas las personas represaliadas susceptibles de ser amnistiadas pidan la aplicación de la ley de amnistía. "Hace falta ir causa a causa, juzgado en juzgado," ha dicho Antich, que considera que la ley de amnistía tiene que servir para reparar la represión. Òmnium ya ha avisado de que fiscalizará su aplicación y denunciarán la "impunidad" que pueda haber de la violencia policial en las causas, ya que puede haber vulneraciones de derechos humanos. Hay que recordar que el pasado octubre Òmnium, aprovechando el Examen Periódico Universal del máximo organismo internacional, presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el primer informe de la Sindicatura por la Amnistía sobre el no cumplimiento de la norma.

Xavier Antich considera que hay tres principales tendencias que dificultan la aplicación de la ley: la omisión o la lentitud por la "falta de voluntad de aplicar la ley por parte de ciertos actores judiciales; un boicot de la cúpula judicial, con la "interpretación ideológica que no respeta la separación de poderes que coopera con la derecha y lo extrema derecha"; y la ofensiva política contra la ley.

Durante la exposición del informe de la Sindicatura por la Amnistía sobre la aplicación de la ley, Antich ha destacado que un 39% de las personas represaliadas que han pedido la amnistía la han conseguido o han visto finalmente archivada su causa. Una cifra que en el último balance era del 22%. También ha expuesto que el 41% de las demandas todavía no han sido resueltas (antes era el 50%). Además, un 7% de las solicitadas están denegadas (antes era el 13%) y casi un 13% continúan en suspensión por preguntas planteadas al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ante estos datos, Antich ha recordado que la ley de amnistía "ha estado, y lo hemos dicho a menudo, una conquista colectiva, arrancada de mala gana del Estado, fruto del esfuerzo y de la perseverancia de la sociedad civil y de la determinación democrática del movimiento soberanista e independentista" y ha defendido que es "una herramienta válida e imprescindible para abordar la resolución democrática del conflicto político". Aun así, ha denunciado las trabas que está poniendo parte de la cúpula judicial española y "una doble vara medir a la hora de aplicar la ley". "Las denegaciones y exclusiones del ámbito de aplicación de la ley han respondido a una interpretación arbitraria e ideológica por parte de jueces y magistrados que, en todo caso, no respeta la división de poderes entre el legislativo y el judicial", ha armado al presidente de Òmnium, que ha advertido que no habrá normalidad democrática hasta que no se aplique la ley y el derecho a la autodeterminación de Catalunya. 

Junts asegura que la responsabilidad es del PSOE

Durante las intervenciones de los grupos parlamentarios, Junts per Catalunya ha asegurado que es responsabilidad del PSOE que no se esté cumpliendo la ley de amnistía. "La responsabilidad sobre la situación en que se encuentra la aplicación de la ley de amnistía es del PSOE y se lava las manos. Y, en este informe, nos gustaría que hablaran", ha asegurado el diputado Agustí Colomines, que ha recordado que el Acuerdo de Bruselas hace que los socialistas reconocen que hay un conflicto político. "En este informe nos gustaría que más allá del que hace la extrema derecha, nos gustaría que hablaran también del que hace la izquierda española", ha dicho Colomines, que recuerda que los socialistas fueron “cómplices” de la aplicación de la ley de amnistía y como Puigdemont y Lluís Puig no pueden ocupar su escaño en el Parlamento.

Por su parte, el diputado de ERC Joan Ignasi Elena ha reivindicado que la ley de amnistía ha sido un "éxito" de la política, la sociedad civil y las entidades. Elena considera que ha sido posible a través de la unidad y gracias a una "rectificación" del Estado. "Pone sobre la mesa que votar no es un delito e interpela a todo el mundo", ha reivindicado el diputado republicano, que ha pedido seguir presionando de cara a la no aplicación de la ley y las trabas de la justicia. El diputado de los Comunes Andrés García Berrio ha reivindicado como la sociedad civil ha denunciado el espionaje, las infiltraciones y para protestar las vulneraciones de derechos humanos. "Hay que corregir, reparar y garantizar que no se volverá a repetir", ha dicho Berrio, que ha denunciado la interpretación del Tribunal Supremo sobre el derecho a la protesta a raíz de la sentencia del proceso. Berrio ha recordado las vulneraciones de derechos humanos de la policía durante las cargas del Primero de Octubre, y que se tiene que interponer denuncias por las amnistías aplicadas en estos casos. Así mismo, la diputada de la CUP Pilar Castillejo cree que la ley de amnistía "no ha comportado el fin del sistema represivo". "No podemos normalizar el exilio o la violencia policial", ha dicho la cupaire, que ha denunciado la "impunidad" de la Policía Nacional. 

Por otro lado, el diputado del PP Alberto Villagrasa ha asegurado que no hay nadie arrestado para ser independentista. "Hubo un golpe de estado y como cualquier Estado tiene que utilizar los recursos necesarios para el cumplimiento de la ley", ha denunciado el popular, que recuerda que "no hay nadie por encima de la ley". De hecho, ha recordado que todos los funcionarios marcharon del pleno cuando se votó la DUI en 2017. El popular ha denunciado que la ley de amnistía fue un intercambio para "mantenerse en el poder". "Si el PSOE no hubiera necesitado Junts y ERC no habría habido ley de amnistía", ha denunciado el popular, que ha reivindicado la separación de poder. Con todo, el diputado del PSOE Antoni Poyato ha reivindicado la "reconciliación" después del conflicto de los últimos años. "La amnistía se aprobó con una mayoría muy ajustada. Los diputados de Junts votaron con los del PSOE", ha recordado el socialista, que ha acusado PP y Vox de seguir fomentando la "confrontación" y ha pedido respeto por el poder judicial.