La respuesta de Òmnium Cultural al rechazo por parte de la Mesa del Congreso de la ley de amnistía no se ha hecho esperar. En una rueda de prensa celebrada este martes, el vicepresidente de la entidad cultural, Marcel Mauri, ha anunciado que volverán a presentar la ley a través del derecho de petición.

Como ya ha hecho en los últimos meses, la entidad seguirá recopilando firmas por todo Catalunya para activar el derecho a petición, el cual se basa en que cualquier persona, física o jurídica, puede dirigirse a los poderes públicos y exponerlos unos hechos o conocimientos o pedir una intervención, o las dos cosas a la vez. Mauri ya ha anunciado una gran movilización para el próximo 10 de abril para la recogida de firmas.

La ley presentada en la Cámara española por los tres partidos independentistas, ERC, JxCat, el PDeCAT y la CUP, ha recibido el veto en la Mesa del PSOE, el PP y Vox. Sólo Unidas Podemos ha dado apoyo, hecho que impedirá que la ley ni siquiera se pueda debatir. Los partidos independentistas ya han anunciado que presentarán una petición de reconsideración de la decisión, aunque no confían en ello.

Precisamente, Mauri ha cargado con dureza contra los socialistas, a los cuales ha acusado de avalar la represión del Estado contra el independentismo. También ha querido constatar que los socialistas se han alineado con la extrema derecha ante esta cuestión.

"Cuando se trata de defender derechos fundamentales, nuevamente vemos cómo el PSOE se alinea con la extrema derecha para negar el debate democrático. Hoy lo hemos vuelto a ver", ha criticado añadiendo que la entidad seguirá insistiendo en las "soluciones políticas" de la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación porque, según ha dicho, son las únicas posibles. "Porque entendemos que es la única solución política y es un clamor del 80% de la sociedad catalana", ha añadido.

Corresponde al Rey

El informe de los letrados ha servido para allanar el camino a los socialistas, que ya habían reiterado su oposición. Los servicios jurídicos argumentaban que "de un examen preliminar, se desprende que la iniciativa, al suponer la concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme, entraría en una contradicción palmaria y evidente con el artículo 62 de la Constitución". Precisamente este artículo de la Carta Magna española establece que corresponde al Rey "ejercer el derecho de gracia de acuerdo con la ley, que no podrá autorizar indultos generales,"