Pocos minutos después de trascender que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el TSJC contra dos normas que esquivan el 25% de castellano en las escuelas catalanas, Òmnium Cultural ha anunciado que se personará ante el alto tribunal para "defender el derecho de todo el mundo a disfrutar de la escuela en catalán". "Lucharemos por una escuela sin exclusiones", han manifestado desde la entidad en un tuit. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha denunciado que "los poderes del Estado siguen haciendo de activistas contra la escuela, la lengua y las instituciones catalanas". Por todo ello, Antich ha precisado que se personan como parte afectada y en defensa de los "alumnos y familias del país" en esta causa: "Es una intromisión en las aulas ideológica y antidemocrática". Así pues, lo hacen, sostiene Xavier Antich, por el "derecho de todo el mundo a la escuela en catalán".
Este mismo miércoles, se conocía que el pleno del Tribunal Constitucional había admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que había presentado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra el decreto aprobado el 30 de mayo que evita la imposición de cuotas y porcentajes de uso de lenguas en las escuelas. Específicamente, hace referencia a la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas". La sala del TSJC que se encargaba de la ejecución de la sentencia del 25% elevó la cuestión al Tribunal Constitucional alegando que tenía dudas sobre la legalidad del decreto ley que esquiva el 25%. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya planteaban que establecer "la inaplicación" de porcentajes en los proyectos lingüísticos en los centros escolares da "preferencia" al catalán. Para más inri, elevaron una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley sobre uso y aprendizaje de lenguas oficiales que, en paralelo, se aprobó en el Parlament, además del decreto del Govern. Los partidos políticos del PP, Cs y Vox presentaron antes este recurso de inconstitucionalidad, admitido a trámite el septiembre pasado.
Legitimada en el debate
Òmnium, que tiene previsto presentar el escrito al TC esta semana, defenderá ante el tribunal de garantías que tiene que ser parte en el debate sobre la inconstitucionalidad o no de la nueva normativa en los centros educativos, aprobado por una amplia mayoría parlamentaria, al considerarse parte afectada e interesada. La entidad cultural sostiene que es parte interesada como ya expuso en el procedimiento que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abrió para ejecutar su sentencia del 25% de castellano a petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), a pesar de no ser parte inicialmente (solo lo eran la Abogacía del Estado y la Generalitat) y aceptarla. En la ejecución, el TSJC aceptó la representación de la Asamblea para una Escuela Bilingüe aduciendo que representaba familiares de escolares, además de la defensa del castellano, pero rechazó la personación Òmnium, a pesar de que certificó que representa a 42 socios con hijos en edad escolar, además de la defensa de la lengua propia. La entidad, que preside Xavier Antich, aseguró, el julio pasado, que si no se admitía Òmnium como parte afectada, supone “una vulneración flagrante del derecho a la tutela judicial efectiva, y en especial al derecho de audiencia”, de la entidad catalana y de las familias, como ahora reivindicará en ell TC.
En aquel caso, el tribunal rechazó a Òmnium, así como la Asociación Plataforma por la Lengua-Colectivo l'Esbarzer, y el Sindicado Unión de Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cataluña-Federación Sindical de la Enseñanza de Cataluña (USTEC-*STEs), al asegurar que “defienden posiciones genéricas”, la defensa de la lengua catalana y la inejecución de la sentencia, cuando —sostiene— lo que está en debate es la aplicación del uso vehicular o no del castellano. La ejecución del 25% de castellano quedó parada por la nueva normativa de la Generalitat.
Incompatibilidad de la sentencia con el nuevo paquete legislativo
En concreto, fue en julio cuando el TSJC admitió que ya no podía aplicar la sentencia que obligaba en las escuelas de Catalunya a impartir un mínimo de un 25% de las horas lectivas en lengua castellana. Los jueces constataban la "imposibilidad" de ejecutar la sentencia por entrar en contradicción con el nuevo paquete legislativo que había aprobado tanto el Govern como el Parlament, aunque ya sugerían sus dudas "sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad". Por eso, se dirigieron al TC, dado que entienden que este nuevo modelo lingüístico "no permite reconstruir la posición del castellano en paralelo a la del catalán sin incurrir en fraude de ley". La incompatibilidad de las nuevas normas con la sentencia del 25%, aseveraban, es "completa porque responde a un modelo diferente". Es a decir, que para el TSJC no se garantiza bastante que el castellano es lengua vehicular en los centros catalanes.