"¡Ahora y siempre, la escuela en catalán!". Después de conocer la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el 25% de castellano en las aulas catalanas, Òmnium Cultural ha pedido "que se ignore la sentencia" y ha llamado a "defender el modelo de escuela catalana". "Hace falta que se proteja al profesorado, al alumnado y se garantice la cohesión social", ha añadido la entidad en un tuit publicado este viernes después de conocer la noticia. En la misma línea se ha manifestado el todavía presidente de la organización, Jordi Cuixart, que ha asegurado que "no se puede acatar una sentencia que ataca la escuela, la lengua y la convivencia". "Protejamos a los maestros y blindemos un consenso básico, ejemplo de cohesión y orgullo de país," ha manifestado Cuixart en las redes sociales.
Este mismo viernes, el TSJC ha dictado el decreto de firmeza de la sentencia de finales del 2020 que obliga al Departament d'Educació a aplicar el 25% de castellano en todas las escuelas catalanas, independientemente de lo que quieran las familias. De hecho, el tribunal ha dado diez días a la Generalitat para cumplir esta orden, aunque todavía se puede presentar un recurso de reposición. Concretamente, en el auto se indica que cuándo Educació reciba la orden tendrá "diez días desde su comunicación para que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en la resolución". Igualmente, se especifica que la parte demandada tiene dos meses para ejecutar la sentencia, tal como establece el artículo 104 de la ley contenciosa administrativa.
La decisión no ha gustado ni a Òmnium, ni a Cuixart, ni a muchas otras entidades defensoras del catalán en las aulas. Es el caso del sindicato USTEC-STEs (IAC), la portavoz del cual, Iolanda Segura, también ha pedido no acatar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas. En declaraciones a la ACN, Segura ha instado al Govern a convocar una cumbre de urgencia para "acordar una estrategia y hacer fuerza unitaria" ante una resolución que responde "a criterios ideológicos y no pedagógicos". Asimismo, ha pedido tanto al Departament d'Educació como a la Generalitat que "se responsabilicen de las decisiones que se tomen" y que "defiendan al profesorado, personal de centros y toda la comunidad educativa para que no quede desamparada si no se cumple la resolución judicial".
Entonces, el sindicato quiere que el Govern convoque una nueva cumbre extraordinaria con organizaciones y otros representantes de la comunidad educativa, como ya ha hecho cuando han salido sentencias individuales sobre el castellano en las aulas (la última se celebró el diciembre pasado). La portavoz también ha preguntado a Educació que "explique qué puede pasar para tener toda la información sobre la mesa" y ha criticado que "haya faltado valentía" para proteger el catalán en las aulas. Finalmente, ha exigido defender la inmersión lingüística y el modelo de escuela catalana, a la vez que ha lamentado que tener que enfrentar esta situación en medio del "desbarajuste" y el "caos" por la covid-19 en las escuelas es un "despropósito mucho grande".
Por su parte, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmado que la sentencia del TSJC "no cambia nada", por lo cual la Generalitat "seguirá aplicando la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)". En declaraciones a los medios desde Badalona, ha afirmado que sabía que eso pasaría y que está "dentro del procedimiento" iniciado a raíz de la decisión del Tribunal Supremo en noviembre. Entonces, Cambray ha explicado que el Departament d'Educació notificará ahora que ha recibido el decreto del TSJC y que el próximo paso sería que se les comunicara que empieza un periodo de dos meses para ejecutar la decisión. Una vez agotado este periodo, ha dicho que responderán lo que haga falta, sin concretar más: solo ha subrayado que se seguirá dando cumplimiento a la LEC, que marca que al acabar la etapa de educación obligatoria los alumnos tienen que tener asumidas las competencias en lengua castellana y catalana".
El conseller también ha lamentado que, "una vez más, estamos ante la judicialización del modelo de escuela catalana, que ha sido de éxito, de igualdad de oportunidades y de cohesión social durante décadas". "El aprendizaje de lenguas no va de porcentajes, va de pedagogía", ha manifestado Cambray, que ha señalado que la Generalitat ha desplegado un plan en materia lingüística, a la vez que ha recordado "el compromiso del Govern desplegar un nuevo marco normativo para fortalecer y normalizar el modelo lingüístico en Catalunya". Algo en lo que también ha insistido en un tuit el president Pere Aragonès: "El catalán no se toca y la escuela catalana, tampoco. Bastantes ataques a la lengua, a la enseñanza y al país entero. No permitiremos que se ponga en riesgo la cohesión social. Estamos trabajando en el despliegue normativo para arreciar el modelo de escuela catalana. Bastante de politizar la educación".