El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha presentado la Sindicatura por la Amnistía, una herramienta jurídica a fin de que las 1.616 personas represaliadas, que son las recontadas por la entidad, se puedan acoger a la ley de amnistía "sin demoras ni argucias, ni el boicot de jueces", aunque el Gobierno sigue sin publicarla en el BOE, después de su aprobación en el Congreso de los Diputados. "La sindicatura tiene un triple objetivo: vigilar que se cumpla la ley; denunciar vulneraciones, y que sea un espacio de encuentro de las defensas de los investigados", ha explicado Antich, acompañado de la vicepresidenta tercera de la entidad e investigada por el 1-O, Marta Garsaball y de la abogada, Laia Serra, este lunes en el Palau Robert, ante abogados defensores de diferentes activistas. El presidente de Òmnium ha hecho un llamamiento que todas las personas represaliadas y los grupos de apoyo compartan información y dudas para hacer un seguimiento esmerado de la norma que tiene que producir la extinción penal, administrativa y contable de todas las causas relacionadas con el 1-O.
"La amnistía es una herramienta y el objetivo es la libertad", ha manifestado Antich. El presidente de Òmnium ha explicado que la Sindicatura de l'Amistia toma el relevo de la Anti-Represiva, una herramienta creada por la entidad y que con la colaboración de otras entidades del país puso cifras al número de represaliados, que llegó a más de 4.000 (algunos no fueron denunciados al final, como los alcaldes), y ahora a los 1.616.
La mayoría, multas de la ley mordaza
De los datos de Òmnium, de los 1616 amnistiables, 697 estarían encausadas en procesos penales y 919 en administrativos por la ley mordaza. Y de las causas administrativas, 875 personas habrían sido sancionadas, mientras que 34 excargos del Govern estarían pendientes del Tribunal de Cuentas.
Una web para dudas y seguimiento
"Somos conscientes de que el poder judicial quiere torpedear la ley de amnistía o retrasarla", ha afirmado Marta Garsaball, y por eso ha justificado la creación de la Sindicatura, de la cual todo el mundo que quiera informar de su caso o tenga dudas se puede dirigir a la web aministia.omnium.cat. "Se hará un seguimiento diario", ha asegurado. En la web, hay un apartado que es el buzón de incidencias, con un formulario para indicar consultas o problemas. También se han colgado modelos de solicitudes para pedir el retorno de las sanciones administrativas o el cierre de la causa penal.
Se espera que los tribunales que pongan más pegas a aplicar la ley de amnistía sean el Tribunal Supremo, que es quien marca criterio para todos, y la Audiencia Nacional. Por ejemplo, los fiscales del Tribunal Supremo ya han hecho público que "la ley de amnistía no es constitucional" y que, a su parecer, no se tendría que levantar la orden de detención del president en el exilio Carles Puigdemont.
"Cúpula judicial con agenda própia"
Por su parte, la penalista Laia Serra ha declarado que la aplicación de la ley de amnistía "es un reto jurídico como defensores" y ha destacado que "habrá que hacer frente a la cúpula judicial que tiene su propia agenda política". La abogada también ha hecho un llamamiento "a compartir recursos, como se ha hecho con el 1-O en acusaciones particulares y populares, porque son litigios estratégicos".
Serra también ha recordado que "las personas individualmente han sufrido un dolor y que hay que resarcirlas". Al acto, han asistido abogados que han llevado causas penales contra los líderes políticos y sociales del 1-O, como Jordi Pina, Àlex Solà y de activistas, como la directora de Irídia, Anaïs Franquesa y el penalista y ahora diputado electro de Comuns Sumar Andrés García Berrio, entre otros.
"El conflicto político no ha acabado. No habrá resolución del conflicto hasta que podamos ejercer el derecho a la autodeterminación", ha concluido Antich, que ha denunciado que la no publicación de la ley de amnistía es "responsabilidad de la Moncloa".