Òmnium Cultural ha presentado la primera de las querellas por el caso de espionaje CatalanGate. La entidad lo ha hecho al juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, que ya investiga el espionaje con Pegasus al conseller y expresidente del Parlament Roger Torrent así como el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall. La querella, en representación de la organización y portavoz Marcel Mauri, de la responsable del área de internacional Elena Jiménez y de Txell Bonet, periodista y compañera de Jordi Cuixart, pretende demostrar la involucración ilegal del Estado español en la trama de espionaje, según han anunciado a un comunicado.
Además, Òmnium también espera que la querella abra la puerta a una investigación que permita imputar a todos los organismos y poderes del Estado implicados. "El CatalanGate, el espionaje ilegal y la vulneración de derechos fundamentales que supone son una muestra más de la guerra sucia del Estado contra el independentismo y la disidencia", ha asegurado el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich y ha advertido: "volvemos a ver que el Estado no tiene ningún límite a la hora de detener la lucha para la autodeterminación". El presidente de la entidad ha subrayado que "atacar a Òmnium quiere decir atacar a la sociedad civil".
La querella que ha presentado Òmnium se dirige nominalmente contra la empresa NSO Group, propietaria y responsable del software de ciberespionaje Pegasus. Este paso de la entidad pretende poner de relieve la vulneración masiva y grave de derechos fundamentales, como el derecho al secreto de comunicaciones y a la intimidad, y que tiene como efecto también la vulneración indirecta de otros derechos como la libertad de expresión o el derecho a la defensa, que son consecuencia de las circunstancias en que se ha producido el ataque, perpetrado por supuestas prácticas ilegales del Estado español. Sin embargo, el abogado Benet Salellas ha afirmado: "Sabemos a ciencia cierta que hay agencias gubernamentales españolas que han sido las que han adquirido y utilizado este programa de ciberespionaje y nosotros somos aquí para acusar estos poderes del Estado".
Tres ejes de la querella
Desde Òmnium afirman que la querella se centra en tres aspectos fundamentales, que se traducen en acciones concretas. Estas pasan por: facilitar e investigar toda la documentación vinculada al CatalanGate, para que sean de conocimiento de toda la opinión pública; una Orden Europea de Investigación (OEI) para aclarar el origen de la financiación y determinar las responsabilidades penales de la compra y el uso ilegal de Pegasus; y el establecimiento de mecanismos de control para que los ciudadanos puedan saber si se les han intervenido las comunicaciones teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), aplicada ya a Bulgaria, Hungría o Rusia, unos mecanismos que la legislación española no prevé de forma clara.
Responsabilidades del Estado español
Como ya señala Salellas, la entidad apunta directamente al Estado. Uno de los elementos principales de la querella criminal presentada por Òmnium es remitir una Orden Europea de Investigación a las autoridades luxemburguesas para investigar la financiación para saber quien ha pagado y cuánto ha costado la compra y el uso ilegal de Pegasus. Concretamente, se pide que se extraigan los movimientos realizados en las cuentas bancarias de NSO Group en el periodo 2016-2022 y se puedan identificar los posibles pagadores españoles.
Uno de los responsables de la empresa, Shakev Hulio, declaró en otro procedimiento judicial instado por la compañía Whatsapp en California, que la contratación de Pegasus es exclusiva para organismos gubernamentales y su comercialización exige el cumplimiento de condiciones como son el desarrollo dentro de la legalidad y la restricción de su uso para la persecución del terrorismo. De manera que la contratación de Pegasus exigiría un expediente de control previo por parte de NSO Group para determinar que el uso del software no será ni utilizado fuera de la ley ni para cometer violaciones de los derechos humanos. Según las pruebas aportadas en la querella de Òmnium, esta evaluación o no existió o se hizo de manera fraudulenta, indicios suficientes para que la empresa sea investigada.
La querella pide la práctica de diligencias de investigación con la finalidad de demostrar el nivel de responsabilidad de las agencias gubernamentales españolas y cualquier otra persona física o jurídica corresponsable. Es decir, a partir de la querella contra la compañía NSO Group, la entidad se fija como objetivo conseguir más imputaciones que afecten otros estamentos de los poderes al Estado para poder acusar aquellos organismos que hayan sido responsables o colaboradores del espionaje.
El objetivo: Jordi Cuixart
Según apunta Òmnium, "no hay duda" que las fechas concretas y las personas que han sido espiadas ilegalmente demuestran que ha habido una planificación organizada, con Jordi Cuixart y su estrategia de defensa como objetivo. Las pruebas que se incluyen a la querella demuestran que la actividad de la entidad y las personas que forman parte fueron espiadas en momentos clave.
La semana previa a la entrada de la Guardia Civil en la sede nacional, en marzo de 2018; el día antes del juicio en el Tribunal Supremo, en febrero de 2019; durante el proceso judicial en el Tribunal Supremo, días antes de que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria instara a España a liberar a los presos políticos, en abril de 2019, son algunos de los ejemplos del seguimiento que recibió al exvicepresidente y entonces presidente en funciones, Marcel Mauri. Con el espionaje a la jurista Elena Jiménez, representante internacional de la organización, el Estado accedía a todos los detalles de la estrategia de defensa internacional de Òmnium y vulneraba el derecho de defensa de Cuixart.
Entre las afectadas también se encuentra la periodista Txell Bonet, pareja de Jordi Cuixart, fue infectada con éxito con el software espía durante el periodo abril-junio de 2019, coincidiendo con la finalización del juicio contra los políticos catalanes. Durante el mes de la infección, Jordi Cuixart estuvo preparando sus últimos argumentos para el juicio, aprovechando esta ocasión para acusar a las autoridades españolas de no respetar los derechos humanos y la represión política, consideraciones que fueron compartidas con Bonet. "Pegasus se ha utilizado para investigar el entorno de Cuixart con el único objetivo de saber qué piensa, qué dice y qué propone. Y eso, en el contexto de la preparación de un juicio en que quien espía es al mismo tiempo la acusación en el proceso, supone hacer saltar por los aires el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo", ha concluido Salellas.