Òmnium Cultural ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) contra la multa de 200.000 euros que se les impuso por la Gigaenquesta para el 9-N del 2014. Según la entidad, la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) vulnera el derecho fundamental de asociación y tiene como objetivo "silenciar la voz de la sociedad civil".
Òmnium denuncia que la multa es "política, desproporcionada y sin precedentes" y pretendía debilitarlos económicamente para "alimentar un clima de miedo" entre las organizaciones en defensa del derecho a la autodeterminación. "Acusaremos al Estado, llegaremos hasta donde haga falta, hasta que nos devuelva 200.000 euros robados a la cultura y a la cohesión social", ha advertido al presidente de la entidad, Jordi Cuixart.
Òmnium recuerda que este recurso es el último paso necesario para poder recurrir la sanción a instancias europeas. Cuixart, además, ha avisado de que "ni la represión ni el estado de excepción encubierto" conseguirán "debilitar" la entidad ni los derechos de la sociedad catalana. "Detrás de este castigo económico hay una clara intención de los poderes del Estado de desincentivar la movilización ciudadana erosionando económicamente la principal entidad del país", aseguran.
Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, ha asegurado que el Estado "criminaliza la disidencia" con "multas desproporcionadas, injustificadas y arbitrarias". "Vivimos la persecución en nombre de la unidad de España, mientras tumban todos los recursos que presentamos para intentar silenciarnos y acabar con lo que representamos", ha criticado.
Mauri ha advertido que en un estado "pretendidamente democrático" el derecho de asociación siempre se tiene que defender. "Seguiremos luchando y denunciando la persecución política y defendiendo los derechos de manifestación y asociación, llevando a todas partes la persecución política contra el independentismo," ha dicho Mauri, que ha asegurado que llegarán "hasta donde haga" falta para "desenmascarar" el Estado.
El recurso
En el recurso al TC Òmnium alega que se ha producido "un fustigamiento judicial y administrativo" por parte de los poderes del Estado con el fin de "dañar una organización social que, en aquel momento, representaba un desafío para la integridad territorial del Estado". Además, aseguran que la multa "en ningún caso" se puede justificar en el marco de la protección de datos porque recuerdan que la entidad "siempre informó a las autoridades competentes". En el texto apuntan que la intención real es la de "provocar una erosión económica en la legítima actividad de la entidad".
Además, según Òmnium no hay precedentes sancionadores "similares" en el Estado ni jurisprudencia del TC para justificar "la falta de proporcionalidad" de la multa. "Esta falta de precedentes así como el desorbitado importe de la multa no es necesaria en una sociedad democrática", apuntan, y advierten que puede constituir una infracción del derecho fundamental de asociación proclamado por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
La sanción
La multa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se originó a raíz de las denuncias presentadas por Ciutadans y Vox, así como escritos anónimos, contra la Gigaenquesta. La sanción, de 200.000, también afecta a la ANC. Según la sentencia, en la encuesta se trataron datos ideológicos de los ciudadanos y hubo "una vulneración muy grave" del artículo 7.2 de la ley de protección de datos.
La Gigaenquesta del 9-N se enmarcó de la campaña Ara és l'Hora, y se promovió para "conocer la opinión de miles de ciudadanos sobre la construcción de un nuevo país".