Òmnium Cultural ha interpuesto un recurso contra la alteración del tribunal que se encargará de resolver sobre la imposición del 25% de clases en lengua castellana en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar. La organización ha pedido recusar al presidente de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Javier Aguayo, porque consideran que su nombramiento solo responde a "una maniobra para interferir en la resolución del caso", ya que denuncian que según las normas del TSJC no le correspondería a él presidir al tribunal.
Òmnium duda de las intenciones del TSJC
La entidad, en representación de las familias del colegio Turó del Drac, acusa al juez Javier Aguayo de hacer activismo judicial e interferir en contra de la lengua. La imposición del 25% de las clases en lengua castellana TSJC provocó que el Govern y el Parlament modificaran la legislación con la intención de preservar el modelo de inmersión lingüística en catalán. El abogado Benet Salellas ha puesto en duda que el TSJC "esté actuando con criterios objetivos e imparciales" y ha denunciado que "la judicatura está posicionada de forma beligerante contra el modelo de escuela catalana". "Sospechamos que la maniobra busca interpretar en un sentido contrario a lo que recoge el nuevo marco normativo y aplicar el 25% sin hablar de porcentajes", ha añadido.
Òmnium también ha advertido que el TSJC ha citado al menos tres centros educativos para un mismo día, un movimiento que interpreta como una maniobra por "resolver de golpe, con una resolución calcada y en pleno periodo electoral", todos los procedimientos abiertos por cuestiones lingüísticas en las aulas. El próximo 11 de julio la sala se reunirá para resolver si decreta la obligatoriedad impartir el 25% de las clases en castellano en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar.
Tres investigados por delitos de odio
Tres ciudadanos irán a juicio, si nada cambia, por haber realizado tuits "humillantes" contra una familia de Canet de Mar, según considera la Fiscalía. El titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona, el magistrado Sergio Escalona Lebiere, ha cerrado la investigación iniciada el verano pasado contra cuatro personas y ha decidido enviar a juicio tres de ellas por los delitos contra los derechos fundamentales y un delito de odio, como los acusaba la Fiscalía. Al menos la abogada de uno de los investigados ya ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona contra su procesamiento al considerar que estas expresiones en Twitter, hechas en diciembre de 2021, se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión, el humor y en el debate sobre la judicialización del uso del castellano en la escuela catalana. Para el cuarto investigado, el juez ha decretado el sobreseimiento.