Han cogido el AVE en dirección contrapuesta. El presidente español Pedro Sánchez pronunciaba una conferencia en Barcelona, en el Gran Teatre del Liceu, para defender los indultos a los presos políticos ante 300 miembros de la "sociedad civil catalana" y una retahíla de bajas. En cambio, entidades como Òmnium Cultural o Amnistia i Llibertat, que ni han sido invitadas, se han ido a Madrid. Allí han descargado dieciséis cajas con miles y miles de firmas –más de 200.000– para pedir una ley de amnistía, que va mucho más allá de los indultos y que las instituciones españolas se niegan ni siquiera a debatirla. Se hizo el 1977 con los criminales de la dictadura. Pero ahora no es "constitucional".
Después del fracaso de la vía ordinaria, con el rechazo de la Mesa y los letrados del Congreso a poder debatir la ley de amnistía registrada por los partidos, el independentismo se ha acogido al artículo 29 de la Constitución española. Es lo que establece que "todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley".
Antes de registrar las dieciséis cajas llenas de firmas, desde los leones del Congreso, Marcel Mauri ha denunciado el acto "electoralista" de Pedro Sánchez en el Liceo, "mercadeando con el partiment de las víctimas de la represión". Ante los indultos, el vicepresidente de Òmnium ha contrapuesto que "la amnistía y la autodeterminación son las únicas vías" que contemplan. "Es un nuevo intento para que el Congreso pueda permitir que se debata, para empezar a resolver este conflicto que es político". Ha defendido que no dejarán "a ninguna persona represaliada atrás". En nombre de Amnistía y Libertad, Susanna Pagès lo ha descrito como "un paso más a nivel institucional" y como "la única vía antirrepresiva posible".
Las entidades han estado acompañadas por los partidos independentistas. La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha insistido en que "la solución a la represión y la judicialización es la amnistía" y ha apostado por el "regreso a la mesa política de un conflicto que debe resolverse políticamente y democráticamente" . Por su parte, Miriam Nogueras, de Junts, ha defendido que el independentismo está "en la vía de la política" mientras Sánchez hace "teatro y propaganda en el Liceu". La cupera Mireia Vehí ha denunciado que los indultos sólo son un intento de "pacificación" de La Moncloa y ha avisado de que "no son el final de nada".
Rechazo doble de la Mesa
Con los votos del PSOE, el PP y Vox, la Mesa del Congreso ha rechazado, por partida doble, incluso que se debata la ley de amnistía. Primero cuando fue registrada conjuntamente por los partidos independentistas y después cuando estas formaciones registraron una petición de reconsideración. El informe de los letrados, contrario a la tramitación, allanó el camino a los socialistas para oponerse. Los servicios jurídicos argumentaban que "de un examen preliminar se desprende que la iniciativa, al suponer la concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme, entraría en una contradicción palmaria y evidente con el artículo 62 de la Constitución". El artículo 62.1 de la Constitución española establece que corresponde al Rey "ejercer el derecho de gracia de acuerdo con la ley, que no podrá autorizar indultos generales." Es lo mismo que argumentó el PSOE para rechazar la iniciativa antes incluso que se registrara en el Congreso, que "no tiene cabida en la Constitución".
La ley de amnistía registrada por el independentismo tomaba como referencia a la española del 77, pero también otros de europeas, como la de Francia en el proceso de descolonización de Argelia. El primer artículo dejaba claro el alcance: "Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductos determinantes de responsabilidad administrativa llevadas a cabo desde el 1 de enero del 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de esta ley". Y delimitaba: "Se entenderá como intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya". Ponían el foco tanto en la consulta del 9-N de 2014 como en el referéndum del 1-O de 2017.
Todo, mientras el Gobierno tiene previsto aprobar este martes Consejo de Ministros los nueve indultos parciales que permitirán la libertad de los presos políticos. Pero el independentismo recuerda que la medida de gracia se queda corta, que hay más de 3.000 represaliados por el conflicto político catalán.