Más agentes agresores del 1-O imputados. El titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona ha aceptado citar como investigados once nuevos agentes de la policía española, acusados de agredir votantes en centros de Barcelona durante la celebración del Referéndum de Autodeterminación de Barcelona del 2017. El enero pasado, las entidades Òmnium, Irídia y la ANC, como acusaciones populares en la causa, solicitaron un total de 37 nuevas imputaciones después de aportar un exhaustivo informe con imágenes, dónde aseguran que se identifican hasta 468 acciones policiales desproporcionadas en 16 escuelas de Barcelona. Y por eso, solicitaban 37 nuevas imputaciones de agentes de la policía española: 24 serían nuevas imputaciones y 13 serían ampliaciones, es decir, de agentes que ya son investigados por otras acciones. Actualmente, hay una cincuentena de agentes imputados. Y el juez, ahora, ha aceptado ampliar la investigación a once de los 37 a agentes, porque que se les ve dando puñetazos o pegando con el bastón policial a la cabeza de votantes, mientras descarta los casos donde los agentes arrastran o empujan ciudadanos, al considerar que "no es una actuación desproporcionada" para cumplir la orden judicial del TSJC de no permitir la votación, aunque sin alterar la convivencia, matizaba la magistrada Mercedes Armas.
La investigación de las cargas policiales del 1-O en Barcelona ya estaba a punto de cerrarse, y las tres entidades indicaron que había que ampliar las acusaciones a más agentes, ya que en los vídeos analizados se observan "puñetazos, empujones con fuerza, obstrucción de las vías respiratorias, ahogamientos o patadas", entre otros. De las 37 agentes, cuatro de ellos son jefes de grupo. Òmnium, Irídia y la ANC, personadas como a acusaciones populares, volvieron a denunciar que "están supliendo el papel que tendría que hacer la fiscalía en defensa de los derechos fundamentales vulnerados a la ciudadanía". Además de las entidades, también hay personas heridas personadas.
Puñetazos y de porra
En la resolución, el magistrado Francesc Miralles detalla escuela por escuela, los agentes que considera que hay que citar como investigados y los que no, a partir de los nuevos vídeos aportados. Por ejemplo, en l'IES Pau Claris acepta imputar cuatro de los nueve agentes solicitados. Y, en un caso afirma: "Sí que procede la declaración como investigado de este agente, ya que se le ve dando una clara patada de forma intencionada a una persona que está en el suelo". En el caso de las Escuelas Pías, también acuerda que se cite como investigado otro agente que le da una puntada al pie a una persona que está de rodillas en el suelo. También decide imputar a un segundo agente en la misma escuela porque en el vídeo aparece "dando puñetazos a la cara de una persona y lo empuja después".
En la escuela Dolors Monserdà, el juez acepta investigar dos agentes y otros dos los descarta. "En las imágenes se ven los funcionarios usando la defensa policial en clara desproporción de lo que allí sucedía", afirma el magistrado, que detalla, que un agente lo usa contra un señor "que no ofrece resistencia al desalojo" y el segundo agente lo usa contra un señor "cuando le recrimina la actuación policial. "El uso de la defensa en los dos casos es innecesario y desproporcionado", sostiene al juez Miralles. En la escuela Víctor Català, el juez también acuerda a imputación de un agente, que en el vídeo se ve como coge por detrás una persona, la tira en el suelo y una vez allí la pega de varias maneras, "sin que se llegue a comprender la necesidad de tal actuación". Añade que el mismo agente también podrá responder por el hecho de pisar "intencionadamente" la mano de una persona que está sentada en el suelo. Finalmente, en la escuela Ágora, el juez acuerda imputar al agente que está en una posición elevada y "utiliza claramente la defensa policial pegando en la cabeza de una o dos personas que están debajo de él". Uno de los afectados es uno de los denunciantes, que necesitó siete puntos de sutura y sufre secuelas estéticas por este hecho.
En el juicio contra los líderes políticos catalanes en el Supremo, todos los gobernantes del PP se sacudieron responsabilidades sobre el dispositivo policial para detener las votaciones y sobre quien autorizó las cargas policiales el 1-O contra la ciudadanía.