European Digital Rights (EDRi) ha pedido la derogación de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la Ley Mordaza, al considerar "insuficiente" la propuesta del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de reformar los aspectos más represivos de las libertades de expresión y manifestación, que han permitido encarcelar a los raperos Valtonyc y Pablo Hasél, por ejemplo. La ley fue aprobada en marzo del 2015 sólo con los votos del PP.

EDRi es una ONG con sede en Bruselas que reúne a 39 organizaciones internacionales y promueve los derechos civiles. Es muy activa en Bruselas, donde hace lobby en asuntos de protección de datos, libertad de expresión y contra las ampliaciones de los derechos de copyright. Su petición ("Restaurar la libertad de expresión en España") se suma a la de otras organizaciones, como la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información, Amnistía Internacional o Rights International.

"Una de las consecuencias más evidentes de esta ley para la libertad de expresión y de información han sido los juicios penales contra activistas, artistas y políticos a causa de sus tuits. En su último informe Tuitea... si te atreves: como las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España, Amnistía Internacional denuncia la falta de objetivos legítimos de la ley, considerándola demasiado amplia y demasiado vaga con el objetivo evidente de reprimir a quienes expresan opiniones disidentes contra el sistema político español", dice EDRi en su web.

Ambigüedad y represión

El principal defecto de la Ley Mordaza, según esta ONG es la ambigüedad de la redacción de la ley, cosa que deja a la discrecionalidad de las autoridades policiales y judiciales interpretar cuándo se ha cometido delito o se ha incurrido en falta, mientras que resulta complicado para el ciudadano saberlo. El resultado, explica EDRi, es la autocensura de los ciudadanos —sean activistas, periodistas, políticos o artistas— y la arbitrariedad de los cuerpos y fuerzas de seguridad y las autoridades gubernativas y judiciales.

Entre los ejemplos de esta irregularidad, la organización internacional indica la "restricción arbitraria en el acceso a sitios web que promueven o defienden el 'terrorismo'". EDRi explica que la redacción de la ley es tan ambigua, "que condena no sólo la difusión de contenido criminal, sino también su mero acceso. Eso implica que el acceso a estas webs es delito en sí mismo, independientemente de si la persona sólo quería estar informada o si participaba en una actividad terrorista".

Tampoco queda claro qué es lo que la ley considera "perturbar seriamente el orden público", ambigüedad "que ha acabado en multas arbitrarias a periodistas que cubrían acontecimientos públicos". Una periodista de Catalunya Ràdio, entre otros casos, fue multada con 600 euros por avanzar un paso más allá de un cordón policial imaginario mientras hacía su trabajo.

Antiterrorismo

La parte más controvertida de la ley y la aplicada con mayor más arbitrariedad es la que castiga la difusión de mensajes considerados glorificación o justificación del terrorismo, o "la difusión de consignas" que puedan incitar a otros a cometer infracciones. Para EDRi, se ha utilizado "una interpretación extremadamente abusiva de este delito" y, en consecuencia, "raperos, titiriteros y otros artistas han sido acusados o perseguidos por la justicia española debido al contenido político de sus letras, obras o incluso del significado de sus piezas artísticas ".

A pesar de que la mayoría de los acusados fueron liberados sin cargos o no fueron encarcelados, la organización recuerda que "hay casos particularmente preocupantes como las recientes condenas de los raperos Pablo Hasél y Valtonyc".

Incertidumbre

La Ley Mordaza castiga también la "protesta no autorizada" con multas de entre 30.000 y 600.000 euros si se hace cerca de instituciones como el Congreso. También multa entre 600 y 30.000 euros por publicar imágenes de agentes de policía que impliquen un "peligro para su seguridad personal y familiar", otra ambigüedad que, de hecho, concluye en que no se pueden hacer fotos de policías, cuyas acciones quedan mejor cubiertas que las de los propios ciudadanos a los que protegen.

El ejemplo que cita EDRi es la sanción de una mujer por publicar una foto de un coche policial aparcado ilegalmente en un espacio reservado para discapacitados.

La incertidumbre de la ley en cuanto "a la protección legítima de limitar las infracciones de derechos de autor", añade, tiene consecuencias "para cientos de pequeñas empresas que no cometen ninguna infracción".

El presidente Carles Puigdemont y el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, han destacado la postura de EDRi en sendos tuits: