Más acciones. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) ha admitido a trámite la demanda presentada en abril de 2021 por el exvicepresidente del Parlament Josep Costa (Junts) contra el estado español, porque recibió "amenazas" del Tribunal Constitucional (TC) y del mismo Gobierno como miembro de la Mesa del Parlament para que impidiera la investidura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat, en enero de 2018. El comité ha abierto ahora un periodo de medio año para que el estado español presente sus alegaciones a los hechos denunciados.
En la demanda, de 16 páginas, Costa detalla que como miembro de la Mesa del Parlament recibió amenazas, incluso de prisión, por parte del Gobierno y del TC, "con el propósito de cambiar la voluntad de la mayoría del Parlament". Asimismo, señalaba que repitiendo esta estrategia el Estado consiguió bloquear durante mucho tiempo la investidura de un nuevo presidente después de la aplicación del artículo 155. Y concluye: "El Tribunal Constitucional emitió medidas provisionales que imponían obligaciones a los diputados de la Mesa del Parlament sobre la interpretación del reglamento", hecho —sostiene— que "vulnera el principio de separación de poderes, violaba la autonomía del Parlament, era contraria a la no responsabilidad de los diputados en el Parlament, e infringió los derechos políticos de los diputados al Parlament y de los votantes".
La vulneración de derechos
"España es culpable de haber violado sus obligaciones hacia los tratados internacionales por haber impuesto restricciones desproporcionadas e injustificadas sobre el ejercicio del derecho político protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Convenio Internacional por los Derechos Civiles y Políticos", afirma Costa en la demanda. Y concluye que la acción del estado español equivale a violaciones de los artículos 21 de la UDHR, que prohíbe la discriminación en razón de nacionalidad, y 25 de la ICCPR, del derecho de todo ciudadano a la participación en la vida política, con relación a la libertad de expresión y de asociación.
Costa explicó que la demanda forma parte de una estrategia más amplia de la batalla internacional para defender los derechos del independentismo contra los excesos del estado español, y de los miembros de la Mesa en particular. "La reforma del TC del 2015 va contra Catalunya y se ha ejercido solamente contra Catalunya, y, por lo tanto, hay un derecho constitucional del enemigo", declaró Costa el año pasado.
En el frente internacional, Costa, conjuntamente con el exsecretario de la Mesa y actual secretario de la Administración de Justicia, Eusebi Campdepadrós, también ha presentado un recurso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) contra la querella que recibió la Mesa por haber tramitado resoluciones por la autodeterminación y contra el rey Felipe VI, en 2019.
El juicio a la Mesa
Precisamente, la semana pasada el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) admitió apartar del juicio contra los miembros de la segunda Mesa soberanista, a su presidente, el magistrado Jesús María Barrientos, al aceptar la recusación hecha por Costa, y en la cual se añadieron los otros tres procesados por desobediencia en el TC. Con la recusación, el juicio previsto para la próxima semana se ha aplazado hasta finales de octubre. Costa ya anunció que no pensaba ir. La Fiscalía solicita para todos ellos penas de inhabilitación a cargo público, por solo permitir el debate de resoluciones.
Los miembros soberanistas de la primera Mesa del Parlament fueron condenados a inhabilitación por permitir el debate y la aprobación de las leyes de transitoriedad jurídica y del referéndum. Su presidenta, Carme Forcadell, fue condenada a prisión y después de tres años encarcelada, fue indultada el verano pasado, como los otros ocho presos políticos.