El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fundado el año 2006 con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto, será quien dictamine si los centenares de crímenes del franquismo serán investigados o no por los tribunales españoles.
Así lo explica el diario Público, que detalla que las causas ya empiezan a llegar al consejo, como consecuencia de la combinación de dos factores que están haciendo naufragar en cascada el recorrido judicial de las querellas y las denuncias en España.
Tal como recoge el digital, uno es la jurisprudencia establecida por el Supremo, el cual dictaminó que los delitos cometidos entre 1936 y 1977 por agentes de la autoridad y por funcionarios quedaban borrados por efecto de la Ley de Amnistía de 1977, una norma a la cual los magistrados se refieren como "pilar básico e insustituible de la transición española", o en todo caso, estaban prescritos.
La otra posición, según recoge también el diario, es la que ha adoptado ante este asunto el Tribunal Constitucional, que ha empezado a rechazar los recursos de ampara de diversas de estas víctimas contra los sobreseimientos dictados por los jueces de instrucción, con base a la doctrina del Supremo, con el argumento que los planteamientos jurídicos no tienen relevancia constitucional.