España tendrá que pasar el 22 de enero próximo lo que en las Naciones Unidas se conoce como el Examen Periódico Universal (EPU). Se trata de un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos con el cual cada cinco años todos los países miembros se someten a revisión por parte del resto de Estados. La violencia que se produjo contra los votantes del referéndum del 1-O en Catalunya y la posterior persecución judicial del movimiento independentista estarán presentes en el examen.

El proceso de preparación del examen se basa en tres documentos. Un informe de 20 páginas preparado por el ministerio de Exteriores sobre la situación de los derechos humanos en España; una compilación de 10 páginas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde recoge la información y procedimientos abiertos; y un resumen de 10 páginas elaborado a partir de las aportaciones de la sociedad civil donde, entre otras entidades, se ha incorporado aportaciones del Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Síndic de Greuges.

Aunque el informe del ministerio de Exteriores español evita hacer ninguna referencia a los hechos que se produjeron el 1-O, tanto el texto del Alto Comisionado como los de las entidades civiles, entran a fondo en el tema.

Sumamente preocupado

El documento de la Oficina del Alto Comisionado aborda esta cuestión a partir del capítulo dedicado a derechos civiles y políticos. "El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró sumamente preocupado por los actos de violencia ocurridos en Catalunya el 1 de octubre de 2017, en qué, según se había informado, habían resultado heridas centenares de personas", recuerda el documento donde se señala que se pidió al Estado español una investigación "exhaustiva, independiente e imparcial" de los hechos.

En el apartado dedicado a derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, se recuerda que diferentes expertos de Naciones Unidas se mostraron preocupados por aquellos hechos, que el Alto Comisionado y la relatora especial sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación advirtieron que cualquier uso de la fuerza por parte de la policía tenía que ser "necesario y proporcionado".

El texto señala también que en el 2019, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria concluyó que la privación de libertad de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa había sido arbitraria y "pidió a las autoridades españolas que los pusieran inmediatamente en libertad, les concedieran el derecho a una reparación y se efectuara una investigación exhaustiva independiente sobre las circunstancias de su detención".

El informe del Alto Comisionado recoge que el Estado español respondió que las detenciones no obedecían "a la aspiración política legítima de separación de Catalunya, sino exclusivamente como una medida judicial por unos hechos concretos llevados a términos al margen del estado de derecho".

No obstruir participar en el 1-O

El texto vuelve a abordar la situación en Catalunya en el apartado 3 de este capítulo, sobre libertades fundamentales y derecho a participar en la vida pública y política, donde recuerda que antes del 1-O, el 28 de septiembre del 2017, dos relatores especiales pidieron a las autoridades españolas que velaran por las medidas adoptadas a raíz del referéndum para evitar que no obstruyera la participación ciudadana ni el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.

"Afirmaron que las autoridades españolas tenían la responsabilidad de respetar estos derechos, que eran esenciales para las sociedades democráticas, e instaron todas las partes a ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos de cualquier tipo para que las protestas fueran pacíficas", añade.

Bloqueo de sitios web

Asimismo recuerda que expresaron preocupación por el bloqueo de sitios web y la interrupción del mítines políticos. "Se había detenido a políticos y se había acusado de sedición a los líderes de las protestas masivas", remacha.

El 4 de octubre de 2017, apunta el informe del Alto Comisionado, cuatro responsables de procedimientos especiales instaron a las autoridades españolas a "respetar plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas, a la participación en los asuntos públicos y a la libertad de expresión."

Los expertos preguntaron también por qué centenares de ciudadanos que se manifestaban pacíficamente habían resultado heridos, así como algunos agentes de la policía.

Diálogo i detenciones

"El 25 de octubre, en relación con la situación que se estaba viviendo en España, el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo pidió a las autoridades españolas que entablaran negociaciones de buena fe con los dirigentes de Catalunya después del anuncio que el Gobierno suspendería la autonomía de la región", añade.

El mes de abril el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión dirigió su atención sobre las detenciones de los miembros del gobierno catalán y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil acusándolos, entre otros por delitos de rebelión, recuerda el documento. "Instó a las autoridades españolas a que se abstuviera de imputar figuras políticas y manifestantes catalanes por el delito de rebelión, que comporta una pena de prisión de hasta 30 años", recuerda.

El texto senyala que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó la convicción de que la situación en Catalunya se tenía que resolver mediante el diálogo político, con pleno respecto a las libertades y pidió al gobierno español que aceptara sin dilación "las solicitudes de visita formuladas por una serie de expertos en derechos humanos de las NU interesadas en el tema". Igualmente, recoge el interés de diferentes expertos que reclamaron diálogo.

A pesar de las múltiples actuaciones de las Naciones Unidas en relación a los hechos del 1-O y en la persecución contra los líderes del procés que recoge la memoria de l'Oficina del Alto Comissionado, el informe elaborado por el Ministerio de Exteriores, no hace ninguna referencia a este tema.

Donde sí aparecen numerosas referencias es en el resumen elaborado por el ministerio a partir de las aportaciones hechas desde la sociedad civil.

El examen a España del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas puede incluir, aparte de los informes, preguntas de otros estados y concluir con recomendaciones.