España tendrá que pasar el próximo miércoles en Ginebra el examen que cada cinco años plantea las Naciones Unidas a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Se trata del Examen Periódico Universal que analiza la actuación de cada estado en materia de derechos humanos. El último examen, en febrero del 2020, el estado español ya se vio obligado a dar explicaciones sobre la violencia policial del 1-O y sobre el respeto a la libertad de expresión y reunión. Esta vez, de nuevo, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos insiste en la necesidad en castigar la violencia policial del 1-O, y alerta contra la persecución de los independentistas, las restricciones que sufren los miembros de la "minoría catalana" o la discriminación del catalán. El informe recoge también la preocupación por la necesidad de garantizar la independencia judicial o por el hecho de que España no investigue las desapariciones durante la dictadura, así como la situación de los menores migrantes no acompañados o el racismo, entre otras cuestiones.
El examen consta de tres partes: un informe elaborado por el Estado, de 26 páginas, en que se da repaso de la situación de los derechos humanos y del seguimiento de las recomendaciones del último examen; un informe de 15 páginas con la información preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y el resumen de las comunicaciones presentadas por diferentes entidades en el marco del examen. En este último documento figuran las comunicaciones enviadas a las Naciones Unidas por parte de entidades como Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, que hacen referencia a la persecución contra el independentismo, la aplicación inadecuada de la amnistía y los obstáculos judiciales en la ejecución de esta ley, pero también a cuestiones como la dificultad de acceso a la vivienda.
Minoría catalana
También la recopilación de información presentada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala cuestiones vinculadas a la respuesta del Estado al procés independentistas. Así, en el capítulo dedicado a Justicia y estado de derecho, se recoge la preocupación del comité contra la tortura "por la lentitud de las investigaciones" en el enjuiciamiento de 45 agentes de la policía española señalados por la actuación violenta durante el referéndum del 1-O. En este punto se exige investigaciones rápidas e imparciales, con castigos adecuados y reparaciones a las víctimas.
En el capítulo de libertades fundamentales y participación en la vida pública, se recoge la preocupación "por la injerencia en los derechos humanos de dirigentes catalanes y otros activistas de minorías a mantener y expresar libremente sus opiniones, reunirse pacíficamente y participar en asociaciones". "El Relator Especial sobre cuestiones de las minorías secundó la preocupación por las restricciones impuestas a figuras políticas y a manifestantes pertenecientes a la minoría catalana así como por las acusaciones penales formuladas en su contra, con los consiguientes juicios y sentencias dictadas", añade el informe en que se atribuye las acusaciones penales contra los líderes independentistas al intento de "coaccionarlos por sus opiniones políticas.
El texto del Alto Comisionado no hablar de la ley de amnistía, pero sí que señala la recomendación del relator sobre la necesidad de que en las causas abiertas contra independentistas España cumpla con "el principio de legalidad y certeza respecto de los delitos la definición e interpretación de los cuales pudiera contravenir las normas internacionales de derechos humanos". Igualmente, denuncia la persecución contra dirigentes y activistas catalanes con el software espía Pegasus i Candiru, y advierte que "los dirigentes catalanes y otros activistas de minorías tenían derecho a la vida privada y a la privacidad de la correspondencia, así como a ser tratados en igualdad de condiciones ante la ley".
Discurso de odio
La lengua aparece también como otra de las preocupaciones destacadas del informe del Alto Comisionado, que reclama a España que vele por el uso del catalán en la administración de justicia, además de reclamar estudiar la repercusión de los diferentes modelos educativos en el uso de las lenguas cooficiales del Estado. Asimismo, recoge la opinión del relator especial sobre cuestiones de minorías, que recomendó "emprender una revisión exhaustiva de los libros de texto escolares para incorporar exposiciones más inclusivas y positivas de la diversidad del país".
En el capítulo de minorías, y vinculado con el referéndum del 2017, se recoge información sobre "el aumento del discurso de odio y de actos de agresión contra miembros de la minoría catalana y otras minorías nacionales, por lo cual el Alto Comisionado recomienda aprobar una ley integral de lucha contra el racismo, la discriminación y otras formas de intolerancia.
Justicia independiente
En un ámbito más general, el informe del Alto Comisionado dedica un toque de atención a la necesidad en España de una justicia imparcial e independiente, que vincula directamente al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, e insiste en los reproches al Estado español por el hecho de que todavía no se hayan investigado las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura franquista, las cuales, recuerda, se mantienen silenciadas por la ley de amnistía de 1977. La no reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura figura también entre las preocupaciones señaladas por las comunicaciones que la ONU ha recibido por parte de entidades.
El informe da repaso a la situación en el Estado español de derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la educación, o l'atención a los niños, y muestra la preocupación del relator sobre el trato que reciben los migrantes menores no acompañados o episodios concretos como la respuesta de la policía española ante el intento de entrada masiva de migrantes en junio del 2022 por Melilla.