El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reclama a las autoridades españolas que investiguen a fondo todos los informes que apuntan que España utilizó el software Pegasus y Candiru para espiar a los líderes independentistas catalanes después del 1-O y pongan punto final a la vulneración de derechos fundamentales contra ellos. El Alto Comisionado exige que hagan "una investigación completa, justa y efectiva sobre estas denuncias". Así pues, reclama que se cumpla la resolución que tres relatores de Naciones Unidas emitieron el mes de enero, en la cual ya reconocían las vulneraciones de derechos fundamentales en el espionaje con Pegasus al independentismo catalán.
La ONU ha expresado su preocupación por la extensión y la sofisticación del programa Pegasus. En este sentido, los expertos apuntan que les inquieta que el uso generalizado de este tipo de software espía pueda comportar un aumento de la autocensura, que afecta de manera directa en la libertad de expresión, así como otras vulneraciones de los derechos de las minorías y de sus derechos participación en la vida pública".
Violación de los derechos humanos
El Alto Comisionado ha recordado a España que las minorías están protegidas por los estándares internacionales y europeos de derechos humanos, y precisamente un software de espionaje como Pegasus se puede convertir en una grave violación de las normas. La ONU envió una carta al Gobierno el pasado 24 de octubre de 2022 sobre esta cuestión, y el 22 de diciembre recibieron la respuesta de España, donde especificaban que las investigaciones estaban en curso, y que, por lo tanto, todavía no se podía pronunciar sobre los casos pendientes de instrucción judicial. Por su parte, el Alto Comisionado exige a las autoridades españolas que hagan "una investigación completa, justa y efectiva". Además, reclaman que posteriormente tienen que publicar las conclusiones y "parar cualquier intromisión ilegal en los derechos fundamentales de los activistas de las minorías catalanas en España". En su escrito, los expertos aseguran que "esperamos con interés los resultados de la investigación judicial en curso".
Además, los relatores reiteran el llamamiento a hacer una moratoria global sobre la venta y transferencia de tecnología de vigilancia, "hasta que haya regulaciones sólidas que garanticen su uso de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos". Así pues, instan a España a unirse precisamente a esta moratoria, a la cual también se unió el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a Michelle Bachelet, según los expertos. En su carta, los expertos también defienden que los líderes políticos catalanes y otros activistas investigados "tienen derecho a una vida privada, a la intimidad de la correspondencia y a ser tratados con igualdad ante la ley".
Víctimas de ataques por SMS
Los expertos relatan en su escrito que según los informes, muchas víctimas fueron atacadas a través de mensajes de texto, y que durante estos ataques, los operadores enviaron mensajes con enlaces maliciosos diseñados perfectamente para engañar a los objetivos, precisamente, para que clicaran. "La sofisticación y la personalización de los mensajes variaban de un caso a otro, pero reflejaban una comprensión detallada de los hábitos, intereses, actividades y preocupaciones del objetivo. En muchos casos, el momento o el contenido del texto se adaptaban mucho a los objetivos e indicaban el uso probable de otras formas de vigilancia contra ellos", han añadido.
Además, critican que las víctimas fueron atacadas con notificaciones muy personalizadas como de entidades del Gobierno, incluso las autoridades fiscales y de seguridad social. En este sentido, detallan que una de las víctimas recibió un mensaje que incluía una parte de su número de identificación fiscal oficial, que sugería que los atacantes tenían acceso a esta información.