Casi cuatro años después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha publicado su decisión sobre la demanda planteada el 18 de diciembre de 2018 por Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull contra España. Ahora, el Comité considera que el Estado vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 al suspenderlos de su cargo como diputados en el Parlament. Esta decisión representa "una nueva constatación que la represión política del independentismo catalán por parte del Estado español ha vulnerado gravemente los derechos humanos, en este caso, derecho político esencial en una democracia," según ha destacado ERC en un comunicado.
Junqueras, Romeva, Rull y Turull presentaron una denuncia individual ante| el Comité el 18 diciembre de 2018. Los cuatro participaron activamente en la campaña por la independencia de Catalunya, que culminó con el referéndum del 1 de Octubre de 2017. Antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy disolviera el gobierno del presidente Puigdemont el 27 de octubre del 2017, eran miembros del Govern de la Generalitat como consellers y vicepresident, en el caso de Junqueras.
Desde el del 30 de octubre de 2017 estaban siendo investigados por un delito de rebelión violenta por el 1-O e ingresaron en prisión preventiva el 2 de noviembre de aquel mismo año, hasta que el Tribunal Supremo los condenó a penas de prisión de entre 9 a 13 años el 14 de octubre del 2019. En junio de 2020 salieron de la prisión junto con el resto de presos políticos después de un indulto condicional del Gobierno.
Reacciones de los afectados por la decisión de la ONU
Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, ha sido de los primeros a reaccionar a esta noticia, por la que se ha mostrado satisfecho. "Muy contento de esta nueva victoria internacional del independentismo contra el Estado español y sus represores con toga", ha escrito en un tuit, agradeciendo el trabajo de sus abogados y haciendo un llamamiento a la independencia.
“Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança”.
— Jordi Turull i Negre (@jorditurull) August 31, 2022
Molt content d’aquesta nova victòria internacional de l’independentisme vers l’Estat espanyol i els seus repressors amb toga. Infinites gràcies @NicoKrisch @casals_neus per l’excel·lent feina. #independència o #independència pic.twitter.com/BBXAFVU5fs
Precedente de 2019
Desde la ONU ya habían posicionado sobre este conflicto. La prisión preventiva fue declarada arbitraria por parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria en el 2019. Un año después, se estableció que España no cumplió las decisiones y ni los liberó ni reparó por la vulneración de derechos, tal como exigían las decisiones de 2019.
El informe de 2019 fue una iniciativa del abogado británico experto en derecho internacional y derechos humanos Ben Emmerson. El febrero de 2018 ya pidió al grupo de trabajo que confirmase o no si la situación de prisión preventiva vulneraba los derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquel escrito constaba de 19 páginas y estaba firmado por el presidente relator de este grupo de la ONU, José Antonio Guevara Bermúdez.