La Comisión de Investigación sobre la Operación Catalunya, creada para investigar la supuesta trama del Estado para frenar el independentismo, ha finalizado sus trabajos este lunes. Junts pel Sí, Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) y la CUP han presentado las conclusiones sobre la comisión en las que el grupo mayoritario ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
Entre otras medidas, Junts pel Sí exige la "dimisión inmediata de cualquier cargo público" vinculado con la Operación Catalunya. Entre estos, todos los grupos coinciden en la implicación directa del exministro del Interior Jorge Fernández-Díaz aunque también apuntan al presidente del Gobierno y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
"No se puede descartar que la autoría intelectual de todo este entramado no se sitúe exactamente en el entorno más inmediato de la presidencia del Estado español dado que la competencia directa sobre los asuntos de seguridad e inteligencia corresponde a la vicepresidenta del Gobierno español, la señora Soraya Sáenz de Santamaría", destaca Junts pel Sí.
"Tal como el mismo Jorge Fernández Diaz admite en la grabación de su conversación con Daniel de Alfonso queda claro que el presidente Mariano Rajoy tenía conocimiento de estos hechos así como también Javier Moragas y Alicia Sánchez Camacho", sostiene CSQP. Una acusación que también mantiene a la CUP que asegura que Fernandez Díaz tenía "el conocimiento y la aprobación" de Rajoy y la "connivencia" de Sáez de Santamaría o Moragas.
La expresidenta del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho / Foto: Laura Gómez
Las consecuencias legales
Este martes se votarán las conclusiones propuestas por los grupos así como también se decidirá qué medidas legales se toman. Una opción sería llevarlas a la Fiscalía, aunque la presidenta de la comisión, Alba Vergés, explicó a El Nacional que "denunciarlo en la Fiscalía puede tener un recorrido demasiado corto porque depende en último término del Gobierno español".
"Pedimos la ratificación de las conclusiones por el Pleno del Parlamento con el fin de abrir la vía judicial más adecuada contra los responsables y colaboradores de la llamada operación Catalunya, teniendo en cuenta los delitos de: malversación de fondos públicos, fraude procesal, falso testimonio, delito contra el honor, revelación de secretos, falsedad documental, prevaricación, encubrimiento, omisión del deber de seguir delitos y abuso de autoridad," pide a la CUP.
Ausencia de comparecientes
Un aspecto clave en el desarrollo de la comisión ha sido la ausencia reiterada de comparecientes. "Entendemos que la comisión ha sido doblemente boicoteada", apunta al portavoz adjunto de CSQP, Albano-Dante Fachin. Por una parte, según argumenta, Ciudadanos, PSC y PP catalán abandonaron la comisión y, por la otra, destaca la incomparecencia "sistemática" de personas citadas a declarar. Entre estas, se encuentra el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y otros miembros del Ejecutivo español, amparados por un dictamen del Consejo de Estado, pero también periodistas como el director de OK diario, Eduardo Inda, o el excomisario José Manuel Villarejo.
En cualquier caso, todos los grupos presentes en la comisión coinciden en afirmar la existencia de la Operación Catalunya. Junts pel Sí lo entiende como una "maniobra planificada y ejecutada por determinadas estructuras del Estado español llevada a cabo a través de prácticas alegales e ilegales para destruir el proceso independentista catalán" y marca su inicio, como CSQP, en la comida que mantuvieron el entonces presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez Camacho, y la expareja de Jordi Pujol Ferrussola Victòria Álvarez en el restaurante La Camarga el año 2010.
Los anticapitalistas, por su parte, consideran que la estructura viene "de anteriores mandatos, existiendo similitudes claras entre la operativa de los GAL y la Operación Catalunya en referencia a la dinámica, financiación y organigrama". "Una estructura avalada por un acuerdo tácito entre (como mínimo) los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE," añade.