Convocar elecciones generales anticipadas tiene consecuencias. Más allá de las prisas que han ido a parar ahora a las sedes de Podemos y al despacho de Yolanda Díaz para tejer una alianza para el 23-J, uno de los resultados más inmediatos es que se disuelven las Cortes y se detiene toda la actividad parlamentaria, a excepción de unos servicios mínimos. Las comisiones que estaban en marcha mueren; y el Consejo de Ministros se convierte, en principio, en una mera gestora. Es decir, que la convocatoria anticipada de elecciones generales ha provocado, entre otras cuestiones, que mueran —o bien queden atascadas hasta no se sabe cuándo— aspectos relacionados con la agenda catalana.
El ejemplo más claro es la Operación Catalunya. Los grupos independentistas habían conseguido que, finalmente, se celebrara en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre el uso de las cloacas del Estado contra el movimiento independentista. Nada más había empezado a caminar: ya se realizó la comparecencia del excomisario de la policía José Manuel Villarejo, que señaló al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como cerebro de la trama. Con la disolución de las Cortes, sin embargo, esta comisión ha quedado, por ahora, enterrada.
La comisión, además, estaba bien lejos de haber llegado al periodo de conclusiones. Tan solo se había configurado y tan solo habían empezado las comparecencias. La campaña electoral del 28-M había dejado en stand by la Operación Catalunya, pero la intención de los grupos parlamentarios era reprenderla a partir de la segunda quincena de junio. Los grupos del Congreso habían pactado citar a comparecer al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su número 2, Francisco Martínez, y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, entre muchos otros nombres.
Por mucho que la configuración de esta comisión de investigación iba por el camino de convertirse en una nueva comisión sobre la Kitchen, era un paso para aclarar algunas dudas sobre la Operación Catalunya. La intención del PSOE era limitar la investigación solo en el periodo en que La Moncloa y el Ministerio del Interior estaban en manos del PP. E incluso, en una clara maniobra para poner la sagrada unidad de España por encima de todo, se ha negado por activa y por pasiva hacer comparecer a Mariano Rajoy, por mucho que lo hayan suplicado independentistas y Podemos.
El traspaso de Rodalies, un espejismo cada vez más lejos
También es una evidencia que, con el Gobierno en funciones, la posibilidad de traspasar el servicio de Rodalies a la Generalitat queda cada vez más lejos. El pasado mes de marzo, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, envió una carta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pidiendo organizar una cumbre para volver a activar las negociaciones para traspasar el servicio de trenes a fin de que todo esté en manos del gobierno.
Hasta aquí. El Gobierno no movió ficha después de eso y ambas partes no se han reunido para abordar este conflicto competencial. Ahora bien, a pesar de los reproches que ha habido durante el último mes a causa de un nuevo caos en Rodalies a consecuencia de una grave avería en Gavà, el Gobierno ha reiterado siempre su voluntad de abordar el traspaso integral del servicio de trenes para que acabe en manos del Gobierno.
No obstante, en los diccionarios de la Generalitat y de La Moncloa la palabra "integral" tiene significados diferentes. En Barcelona se interpreta que eso implica un traspaso total y absoluto de Rodalies y de todo el servicio, mientras que en Madrid la infraestructura no se incluye en la ecuación. Hace unas semanas, por ejemplo, la ministra Raquel Sánchez aseguró que era inviable incluir el traspaso de las vías.
Reforma del CNI
En esta legislatura, también, tenían que aprobarse medidas para hacer el CNI más transparente. Pedro Sánchez se había comprometido en el Congreso de los Diputados a reformar la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial Previo del CNI en la misma línea que las recomendaciones que había hecho el Defensor del Pueblo. En medio del escándalo de los espionajes a través de Pegasus a independentistas catalanes, y después de haber excusado que el mismo Sánchez y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, también habían sido víctimas del software espía, el jefe del ejecutivo español hizo una defensa del respeto a los derechos políticos e individuales de las personas.
Pero hay que decirlo todo: el mismo Gobierno enterró la posibilidad de democratizar la misma institución que, presuntamente, está detrás del espionaje a varios líderes independentistas con Pegasus. En el Plan Anual Normativo del 2023, presentado el último mes de enero, el ejecutivo de Sánchez recortó su compromiso de renovación del CNI. Fuentes del Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños —departamento encargado de presentar el plan normativo— consultadas por ElNacional.cat han esquivado dar explicaciones sobre este asunto y han pasado la pelota a el Ministerio de Defensa, de quien cuelga el CNI.
Mesa de diálogo
Otra cuestión que también ha quedado cerrada completamente durante los últimos meses, independientemente que se hayan convocado elecciones, es la mesa de diálogo. Solo hay que ver, por ejemplo, cómo ha ignorado el Gobierno la propuesta de acuerdo de claridad impulsada por Pere Aragonès. El pasado mes de febrero, sin ir mucho más lejos, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó en una visita a Catalunya que el mecanismo ya no es "necesario".
Incluso el entorno del presidente Pedro Sánchez ya había alertado a la prensa el pasado mes de diciembre que la posibilidad de volver a reunir la mesa de diálogo era remota porque "el diálogo ya se ha consumado". De todos modos, los pactos con el independentismo han pasado factura a Pedro Sánchez este último 28-M. Habrá que ver cómo el futuro Gobierno —tanto si es socialista como si es popular— visualiza su relación con Catalunya.
El futuro de la agenda catalana, en manos de las nuevas mayorías
Dicho esto, los votos del 23-J decidirán si todos los temas que tienen relación con la agenda catalana y/o progresista de Madrid se mantendrán en el orden del día, si solo se mantendrán una parte o acaban completamente enterrados. Si en España se vuelve a conformar un parlamento con mayorías de izquierdas y un ejecutivo en esta línea, los dos primeros escenarios son factibles. Un ejecutivo capitaneado por el PP con el apoyo de Vox alejaría por completo la posibilidad de traspasar Rodalies o hacer más transparentes las instituciones del Estado. Y atrás quedaría la posibilidad de resucitar una comisión de investigación encargada de averiguar cómo se utilizan las cloacas del Estado para perseguir al independentismo.