La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española ha puesto en marcha una macrooperación este martes a primera hora de la mañana contra una trama de corrupción municipal por la adjudicación de radares y dispositivos de control de tráfico.
La operación está dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de Badalona que hace más de 2 años que investiga la trama. Según ha informado el TSJC se han practicado 49 entradas y cacheos en diferentes Ayuntamientos, despachos y sociedades así como 19 requerimientos de documentación en varios municipios de, como mínimo, 5 comunidades autónomas.
Hay 15 los detenidos, entre los que hay empresarios y cargos públicos, que pasarán a disposición del titular del juzgado de instrucción 2 de Badalona en los próximos días.
La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de dinero público, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, soborno, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
En Catalunya se investigan los ayuntamientos de Montgat, Tiana, Lleida, Mollet del Vallès, Pineda de Mar, Premià de Mar y Rubí.
La operación está contra una trama que presuntamente arregló adjudicaciones en la gestión de las multas y la regulación del tráfico de semáforos. Se están haciendo cacheos a Catalunya (Tiana, Lleida y Mollet del Vallès) y del resto del estado español (Madrid, Asturias y León), y se prevén una sesentena de detenciones y más cacheos.
En Tiana se ha detenido el jefe de la policía local, exconcejal de Seguretat de l'Ajuntament de Montgat en el momento que empezó la investigación. De hecho, el caso sale de Montgat, dónde hace dos años ya se hizo un registro en la comisaría de la policía local. La policía española ha detenido también una caporal de la Guardia Urbana de Lleida en la operación.
En el centro de la operación está la empresa Aplicaciones Gespol S.L., una filial del grupo Sacyr con sede en Barcelona que fue constituida en octubre de 2016 y que está especializada en aplicaciones para controlar el tránsito rodado.
Los investigadores creen que habría manipulado concursos públicos con la connivencia de políticos locales.
En el dispositivo, coordinado por la Fiscalía Anticorrupción bajo la dirección de varios juzgados, la UDEF tiene el apoyo de otras unidades de la de Policía Judicial y de direcciones superiores.
El dispositivo, en el que participan 580 policías, está a cargo de la UDEF. Se prevén, asimismo, detenciones que afectarán varias autoridades y funcionarios de los municipios mencionados, como también la suya puesta a disposición judicial con el fin de decidir sobre su situación personal.
Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, soborno, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.