El despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya con el fin de impedir el referéndum del 1 de octubre ha sido declarado secreto de Estado. El gobierno español, así, blinda el acceso a la información sobre este operativo. El diario El País afirma que el gobierno español se ha negado a responder a las preguntas sobre el tema de los senadores Carles Mulet (PDeCAT) y Margarita Quetglas (Podemos) porque ha catalogado la operación como secreto de Estado, alegando que divulgar operaciones policiales, "además de vulnerar la normativa reguladora de materias clasificadas, puede afectar a su eficacia".
El coste del operativo, que ha sido declarado secreto de Estado, sin duda es muy elevado, por el pago de la estancia en los hoteles y barcos y por las dietas que cobran los policías y guardia civiles enviados (no se conoce su número, porque también es secreto). Interior habría pedido un crédito a Hacienda para poder pagar el operativo pero la cuantía de este crédito también es secreta...