La mayoría de grupos de la oposición han calificado de "chapuza jurídica" el decreto de aplazamiento del Govern que pretendía cambiar las elecciones del 14-F para el próximo 30 de mayo después de la suspensión cautelar del TSJC. De esta manera, le han pedido al vicepresident del Govern en funciones de president, Pere Aragonès, que corrija la situación en las alegaciones que el Ejecutivo tiene que presentar mañana al tribunal.
El líder de Ciudadanos en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha asegurado que la intervención de Aragonès lo ha dejado "preocupado, perplejo e indignado". El dirigente naranja, en un tono de desesperación, ha calificado de "chapuza" el decreto del Govern y ha lamentado que por una vez que Govern y oposición se ponen de acuerdo, el Ejecutivo "no es capaz" de hacer "las cosas bien". También les ha reprochado que den las culpas a "la conspiración del Estado español y el PSC".
El PSC se defiende
La portavoz del PSC, Eva Granados, también ha mostrado "perplejidad" con el discurso de Aragonès y ha comentado que "el desconcierto que ha asumido el país es intolerables". Granados también ha acusado al líder republicano de engañar cuando ha dicho que aplazaron las elecciones. "Dijo que aplazaría y lo que ha hecho es desconvocar", ha lanzado recordándole que no podía suspender unas elecciones que se convocaron por "imperativo legal".
Ante las acusaciones del independentismo, Granados también ha querido dejar claro que su partido está a favor de preservar todos los derechos y ha vuelto a reivindicar "el aplazamiento técnico" que propusieron y que pasaba por hacer las elecciones en el mes de marzo.
Comuns, CUP y PP piden correcciones
La líder de los comunes, Jéssica Albiach, ha constatado que "estamos ante un Govern que no sabe gobernar, ni garantizar las elecciones ni aplazarlas". A pesar de admitir que está a favor del aplazamiento ha criticado el decreto y ha instado al vicepresident a "no dejar ningún margen de duda" en las alegaciones ante el tribunal.
El diputado de la CUP Vidal Aragonès ha criticado que el pleno de la Diputación Permanente haya dedicado cinco horas a la fiesta 'rave' de Llinars y a la resolución cautelar del TSJC "cuando tenemos la crisis sanitaria, económica y social más grave que hemos vivido nunca todos los que estamos en esta sala". También ha avisado a Aragonès que prepare dos decretos más "teniendo en cuenta cuál es la sala que decidirá".
El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernàndez, ha calificado la suspensión del aplazamiento de "nuevo episodio de incompetencia que desprestigia más las instituciones catalanas". También ha revelado que en la mesa de partidos la decisión no se votó, "sino que se compartió", y que su grupo pidió al Govern que consultara la JEC para hacer el decreto de aplazamiento. "Pero no lo quisieron hacer por este enfrentamiento estéril y este orgullo de preadolescente".