La Fiscalía se opone a ampliar la investigación para aclarar si la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha cometido irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades sociales afines en los comunes, según publica este lunes The Objective. El Ministerio Público ha considerado de "valor nulo" un informe económico y un dictamen jurídico en los cuales la acusación popular pretendía acreditar que Colau podría haber cometido delitos de malversación y prevaricación al otorgar sin concurso casi 41 millones de euros y cesiones de inmuebles públicos a organizaciones como el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APe) y la organización Ingeniería Sin Fronteras (ESF).
El 'no' de la Fiscalía a ampliar la investigación llega antes que los demandantes, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, solicitara prorrogar la causa hasta el próximo diciembre y después de que presentara un escrito reclamando la ampliación de su querella. El Ministerio Público, sin embargo, cierra el paso a estas aspiraciones y se opone en la práctica de nuevas diligencias, según explica The Objective que ha tenido acceso al escrito del organismo. Asimismo, la Fiscalía rechaza citar a declarar como investigados otros miembros del equipo de gobierno de Colau mientras el juez no proceda a emitir "un criterio fijo" sobre "la posible responsabilidad penal de la alcaldesa" en referencia a los hechos investigados.
En el nuevo escrito de la Fiscalía, esta reclama al juez que decide sobre si da validez procesal al dictamen jurídico aportado por la acusación popular y elaborado por el abogado y exmagistrado del Tribunal Supremo Javier Borrego, desde despacho Durán y Durán abogados. En este documento se concluía que Colau podría haber incurrido en delitos de malversación y prevaricación administrativa con respecto a las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona a cuatro organizaciones afines a la alcaldesa entre 2015 y 2022.
La Fiscalía también se opone a validar un informe hecho en el 2019 por un exasesor del área económica de lo Ayuntamiento de Barcelona de Ciudadanos, en el cual se asegura que Colau dio a las cuatro asociaciones afines al menos 40,7 millones de euros durante los tres primeros años de su mandato. El Ministerio Público cree que se tiene que denegar la solicitud de ampliar la querella y se opone a que se impute la interventora que firmó los convenios para las subvenciones a las entidades vinculadas al Observatorio DESC u otros funcionarios presuntamente involucrados en la aprobación de las ayudas.
Una querella de recorrido tortuoso
La querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática hace tiempo que se arrastra, con dificultades. En julio del 2022, el juez instructor archivó la investigación al concluir que los hechos de la querella no suponían ninguna infracción penal. Por el contrario, la sección 5 de la Audiencia de Barcelona a noviembre de aquel mismo año ordenó reabrir la causa después de aceptar el recurso del denunciante.