Todos los grupos de la oposición en el Parlament han criticado unas declaraciones del diputado de Junts pel Sí Lluís Llach en las cuales afirma que, una vez aprobadas las leyes de desconexión, los funcionarios las tendrán que cumplir o, por el contrario, serán sancionados.
Según recoge El País, Llach ha asegurado en varias conferencias en los últimos meses que la Generalitat sancionará a los funcionarios que no cumplan la ley de transitoriedad jurídica –conocida como ley de desconexión–. Aunque todavía no se ha aprobado, está previsto que se haga antes del verano en una votación exprés en el Parlament ya que será esta ley la que romperá con la legalidad española y tendrá que permitir la convocatoria y celebración de un referéndum.
"En el momento que tengamos la ley de transitoriedad jurídica obligará a cumplir a todos los funcionarios que trabajen y vivan en Catalunya. El que no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán porque dentro de los Mossos d'Esquadra hay sectores que son muy contrarios", aseguró el diputado en un acto de Òmnium Cultural, según informa El País.
Preguntado sobre las declaraciones de Llach, el portavoz de Junts pel Sí, Roger Torrent, ha asegurado que se trata de una "obviedad" que, una vez el Parlament cree una nueva legalidad, esta será "la única que se tendrá que cumplir y que generará derechos y deberes" a los catalanes.
Según ha recordado Torrent, la nueva legalidad surgirá del "mandato democrático" de las elecciones del 27 de septiembre que "pidió al Govern cambiar las leyes vigentes". Además, después de la aprobación de la ley de transitoriedad, esta se tendrá que refrendar en el referéndum.
La oposición carga contra Llach
Los grupos de la oposición, por su parte, se han apresurado a defender la figura de los funcionarios y han lamentado "la presión" que el Govern ejerce sobre este colectivo. "Los que ahora amenazan a los funcionarios son los mismos que querían que se pidieran fiesta para presionar a los jueces el día del juicio de Artur Mas", ha asegurado la portavoz adjunta del PP, Esperanza García, en referencia al apoyo multitudinario que recibieron el expresident Artur Mas y las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega el día de su juicio por el 9-N.
"Parece que Lluis Llach ha vuelto a los escenarios y se ha marcado un Santi Vidal". Con estas palabras se ha referido el portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, a las declaraciones de Llach, comparándolas con las explicaciones que dio el exsenador de ERC, Santi Vidal, sobre los preparativos del Govern de cara a la independencia. Así, la formación naranja se ha situado como defensora de los funcionarios y ha pedido que dejen de presionarlos.
En este mismo sentido se ha expresado la portavoz del PSC, Eva Granados, que ha tildado de "despropósito" las palabras de Llach. "La revuelta de las sonrisas está cambiando de gesto", ha asegurado.
Por parte del PP, la portavoz adjunta, Esperanza García, ha asegurado que es un acto "de enorme cinismo político" dar lecciones de democracia "saltándose las leyes" y ha asegurado que desde el PP harán "todo lo posible para proteger a los funcionarios".
Contrariamente al resto de partidos de la oposición, la CUP ha enfocado las palabras de Llach "de manera positiva" y ha recordado que "son muchos los funcionarios y trabajadores públicos que se quieren comprometer con la república catalana". Asimismo, el diputado Albert Botran ha asegurado que las declaraciones de Llach se han sacado de contexto ya que se sitúan en la hipótesis de un conflicto de legitimidades que, en cualquier caso, debería valorarse cuando se produjera.